La Casa Blanca celebró una cumbre con gobernadores, abogados, legisladores estatales, funcionarios de ciudades y condados, y líderes tribales de todo el país para abordar qué medidas ejecutivas y legislativas se pueden tomar para reducir las muertes por armas de fuego.
De acuerdo con la Casa Blanca, cada año en EE.UU. las armas de fuego causan más de 30.000 muertes en accidentes, tiroteos, casos de violencia doméstica y suicidios.
«Ustedes pueden hacer una gran diferencia», dijo Biden a los asistentes al lamentar, por ejemplo, la poca información que algunos estados envían al sistema federal de antecedentes penales.
Biden sostuvo, además, que tanto él como el presidente Barack Obama van a seguir hablando del problema de las armas hasta que dejen la Casa Blanca en enero próximo, pese a que saben que el Congreso no está dispuesto por ahora a actuar al respecto.
Ante la inacción del Congreso, Obama ha presentado este año varias medidas ejecutivas en busca de un mayor control de las armas.
En enero pasado, visiblemente emocionado y entre lágrimas cuando recordó a los 20 niños asesinados en el tiroteo en la escuela Sandy Hook de Newtown (Connecticut) en 2012, Obama anunció un plan ejecutivo cuya pieza principal es una nueva regulación para ampliar la verificación de antecedentes de aquellos que compran un arma.
Además, instruyó a los departamentos de Defensa, Justicia y Seguridad Nacional a elaborar una estrategia para acelerar el desarrollo de tecnología asociada a las llamadas «armas inteligentes» o personalizadas, que son más seguras porque solamente las puede disparar el propietario o una persona autorizada.
Esa estrategia, presentada a finales de abril, contempla el inicio de un proceso para definir, por primera vez, los requisitos que los fabricantes deben cumplir para desarrollar «armas inteligentes» que después puedan ser compradas por las agencias y fuerzas de seguridad federales, estatales y locales.
El compromiso es que ese proceso se complete en octubre, según la Casa Blanca.
También en abril, Obama pidió que los registros federales de salud mental sobre las personas que tienen prohibido comprar un arma sean compartidos con el sistema de verificación de antecedentes penales.
En 2013, tras lo ocurrido en Sandy Hook y otros tiroteos, Obama trató de presionar al Congreso para sacar adelante leyes para el control de la venta de armas de fuego, pero los legisladores ni siquiera aprobaron la propuesta que generaba más consenso y que buscaba implantar un sistema universal de verificación de antecedentes de los compradores.
Durante la actual campaña electoral, la favorita para lograr la candidatura presidencial demócrata, Hillary Clinton, se ha mostrado partidaria de endurecer el control de las armas y ha prometido tomar medidas al respecto si llega a la Casa Blanca.
Mientras, el virtual candidato republicano, Donald Trump, recibió la semana pasada el respaldo oficial de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) y, en un discurso ante la convención anual del grupo, alertó de que la Segunda Enmienda de la Constitución, que recoge el derecho a portar armas, «está en peligro» si Clinton gana las elecciones de noviembre.
