«La meta de este año es eliminar el analfabetismo en los centros de Rehabilitación Social», sostuvo Zúñiga al apuntar que uno de los logros es que aproximadamente 7.000 personas privadas de la libertad cursan varios niveles de educación desde inicial, básico, bachillerato y universitario.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, hasta abril 149 personas accedieron al nivel de alfabetización, 2.448 a la educación básica, 427 al bachillerato y 184 a estudios superiores.
Los demás han estado ingresados desde años anteriores. «Esto era impensable hace mucho tiempo. No solo están estudiando privados de la libertad de mínima seguridad, sino también de los pabellones de mediana y máxima seguridad. Antes los detenidos solo iban a la universidad del delito», hizo una analogía la funcionaria.
Además, destacó que unos 10.000 internos están capacitados para trabajar.
Zúñiga explicó que todos los niveles de educación formal (desde alfabetización hasta bachillerato) son gratuitos.
La educación superior la gestiona la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y vincula a centros como Universidad de las Fuerzas Armadas y Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
Asimismo, el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar y Universidad Politécnica Salesiana.
Existe, además, la «modalidad autofinanciada en universidades particulares. En julio se tomará un nuevo Examen Nacional para la Educación Superior en los tres Centros de Rehabilitación Social, Regionales de Guayas, Azuay y Cotopaxi. Se prevé la inscripción de unos 500 internos», indicó El Ciudadano.
Relató el caso de Mario G., a quien le falta poco tiempo para cumplir su sentencia y quien «quiere ser médico o psicólogo y así darle un mejor ejemplo a su hija y a sus sobrinos, señaló.
