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Marco Villarroel, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, en entrevista en Notimundo a la Carta, señaló que la Academia, a nivel nacional, ha manifestado su inconformidad y su recelo respecto a la enmienda que establece a la comunicación como servicio público, por los antecedentes que existen y las consecuencias que puede traer porque ya se concibe como una propuesta atentatoria a la libertad de expresión. «Con esta iniciativa tratan de administrar y regular un derecho», afirmó.
Villarroel señaló que el objetivo final de esta enmienda es político porque la comunicación representa un enorme poder que, en ciertas circunstancias, es manejado por el Gobierno y, por ello, se habla del establecimiento de un Estado de propaganda. Además, manifestó que la comunicación como servicio público ya está establecido en la Ley de Comunicación y por esto no se entiende la razón de incluir este tema en discusiones tan polémicas como las Enmiendas Constitucionales. «Estamos cerca de un año electoral que estará caracterizado por una puja profunda, a nivel de comunicación. Por lo tanto, se necesita un aparato legal que será el escudo para defender al Régimen», añadió.
Asimismo, confirmó que el directorio del Colegio de Periodistas de Pichincha entregó a su grupo de abogados el documento para que analicen la factibilidad de presentar, en la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad de la enmienda de comunicación como servicio público. «Fuimos invitados a la socialización de las enmiendas y los directivos del Colegio dieron sus puntos de vista que fueron escuchados con atención, pero jamás incluidos», acotó.
