Los primeros testimonios fueron los del procurador del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) Julio Marcelo de Oliveira y el auditor de ese propio ente Antonio Carlos Costa, ambos convocados por la acusación y quienes coincidieron en afirmar que la apartada presidenta Dilma Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal.
De Oliveira llegó a decir que las llamadas «pedaladas fiscales» en las cuales incurrió Roousseff guardan relación directa con la profunda crisis económica por la que atraviesa el país, pues implicó la pérdida de confianza de los agentes económicos y los inversionistas y contribuyó al aumento de la deuda pública.
Por su parte, Costa enfatizó que el hecho de editar decretos suplementarios sin autorización del Congreso y en discordancia con la ley presupuestaria constituye un hecho «gravísimo».
Los otros dos testigos escuchados fueron funcionarios del tesoro Nacional: el coordinador general de Operaciones de Crédito Adriano Pereira de Paula y el secretario Otávio Ladeira de Medeiros, ambos llamados a declarar por senadores de la Comisión Procesal.
Previo al comienzo de las declaraciones, el abogado defensor de Dilma, José Eduardo Cardozo, anunció que recurrirá ante el Supremo Tribunal Federal (STF) la negativa del colegiado para realizar la pericia solicitada.
Cardoso pidió que peritos internacionales examinaran los cuatro decretos suplementarios y las llamadas «pedaladas fiscales» que sustentan la acusación contra Rousseff por presunto crimen de responsabilidad, pero la mayoría de los senadores se opusieron incluso a una propuesta alternativa hecha por el relator Antonio Anastasia.
Anastasia sugirió que la revisión la hicieran expertos nacionales y el titular del colegiado Ricardo Lira anticipó que se harían cargo de la misma, en un plazo máximo de 10 días y sin interferir las sesiones de la Comisión, tres auditores del Senado Federal; sin embargo, el reclamo no prosperó.
Al manifestar su desacuerdo con la decisión, que reiteró cercena el derecho a la amplia defensa, Cardozo señaló que el temor a aprobar la pericia obedece al hecho de que la misma desmontaría la retórica jurídica del golpe y echaría por tierra los argumentos de la acusación.
El letrado insistió en que ésta (las pruebas periciales) es la manera que se tiene para probar la inocencia de la apartada jefa de Estado y anticipó que recurrirá ante el Supremo Tribunal Federal (STF) la resolución del relator de desestimar, por irrelevante, el hecho de que las cuentas del gobierno de Dilma impugnadas no fueran todavía evaluadas por el tribunal correspondiente, ni por el Congreso Nacional, como establece la ley.
En la propia sesión se determinó que el proceso de instrucción se ceñirá solo a cuatro de los seis decretos contenidos en la acusación y emitidos por Rousseff entre julio y agosto de 2015, así como a las «pedaladas fiscales» y que la defensa podrá presentar hasta 48 testigos.
