El fiscal Nelson Vela, en la audiencia de juicio realizada el 8 de junio, en la Unidad Judicial Albán Borja, solicitó la comparecencia de seis testigos, entre ellos, las dos personas privadas de la libertad, que denunciaron ser extorsionadas por los sentenciados.
La Fiscalía presentó como pruebas documentales el informe de investigación y de reconocimiento del lugar, realizado por Inteligencia Penitenciaria de la Policía Nacional. Además, certificaciones de los depósitos realizados a cuentas bancarias de terceras personas y el manuscrito de una de las víctimas, en el que se denuncia los hechos.
Estos elementos de prueba fueron fundamentales para que el Tribunal emitiera la sentencia condenatoria en contra de: Marcelo M., José C., John M., Álex B., Juniors V., Juan M., Jorge D. y Adrián C. La investigación en este caso inició el 13 de julio del 2015, por denuncias de extorsión en el interior del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 de Guayaquil.
Así se logró determinar que se solicitaba a las personas privadas de la libertad (PPL) depósitos en cuentas bancarias de terceras personas, por montos de entre 10 y 100 dólares.
A cambio, los sentenciados ofrecían un trato preferencial a las personas privadas de la libertad, brindando privilegios que consistían en acceso a los policlínicos y entrega de medicinas, uso de baños, ingreso al centro de estudios y otros beneficios.
