El ciudadano peruano tenía orden de notificación roja emitida por Policía Internacional (Interpol) debido a supuesto actos de corrupción por los que deberá responder ante los tribunales.
Ligia Villacis, fiscal ecuatoriana que lleva el caso señaló en la audiencia de deportación realizada el martes que el detenido no pasó por los filtros de migración para entrar al Ecuador, es decir, su ingreso no fue registrado en ningún puesto de migración en frontera ni en algún aeropuerto del país. Tampoco reporta movimientos migratorios de entrada al Ecuador desde el 2009.
El artículo 19, numeral uno de la Ley de Migración del Ecuador, dice que el Servicio de Migración de la Policía Nacional deportará al extranjero que hubiere ingresado al país sin sujetarse a la “inspección migratoria de los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no reglamentarios”.
También, el artículo 25 determina que la jueza de contravenciones actuante dispondrá, dentro de las 24 horas siguientes a la detención, el inicio de la acción de deportación “que concurran a su presencia el representante de la Fiscalía, el extranjero y su defensor de oficio, si no tuviere un defensor particular para la audiencia donde se resolverá la deportación”. En este caso, la diligencia se realizó en menos de las 24 horas.
Según medios peruanos, Gerardo V. será sometido por las autoridades judiciales de Perú a un proceso médico legal para conocer su estado de salud y será internado en el penal Puerto Pizarro de Tumbes mientras prosigan sus trámites judiciales, ya que mantiene dos órdenes de prisión preventiva.
El detenido tenía una sentencia de seis años por el delito de colusión agravada tras descubrirse que estuvo implicado en la entrega de kit educativos a colegios del nivel primario de la región Tumbes por 4 millones de soles (alrededor de 1,2 millones de dólares). El proyecto se ejecutó supuestamente sin el debido proceso de licitación para favorecer a un proveedor.
