La fiscalía especial contra la impunidad lo acusa de dirigir una estructura criminal que saqueó al Estado entre 2012 y 2015.
Pérez Molina fue acusado de administrar el equivalente a casi 38 millones de dólares por comisiones ilícitas cobradas a contratistas.
Según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, la empresa Terminal de Contenedores Quetzal pagó los 38 millones de dólares para lograr el contrato.
El expresidente ha negado los cargos.
Actualmente se encuentra en prisión preventiva por otro caso de corrupción. De acuerdo con la Oficina del Procurador General y la CICIG de la ONU, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Pérez Molina y un grupo de colaboradores cercanos recibieron sobornos a cambio de la reducción de impuestos para las empresas que deseaban importar productos en Guatemala, en el caso conocido como ‘La Línea’.
