El plan del líder de la mayoría, el republicano Mitch McConnell, contempla cuatro iniciativas, dos demócratas y dos republicanas, que se incluirían como enmiendas a la ley de asignaciones de Comercio, Justicia y Ciencia.
Esos proyectos, sin embargo, requieren el apoyo de 60 votos para avanzar ante los obstáculos de procedimientos y poder conseguir el apoyo necesario para su aprobación.
Si algunas de las iniciativas que se someterán al plenario el lunes no consigue avanzar, eso podría descarrilar los esfuerzos a favor de medidas para establecer controles sobre las armas, su tenencia y adquisición en un mercado que sobrepasa los 15.000 millones de dólares anuales.
Entre las ideas destaca una de la senadora Dianne Feinstein (D-California) que permitiría al Procurador General bloquear la venta de un arma de fuego si hay una sospecha razonable de que el comprador estuvo o estaría involucrado en un ataque terrorista.
Por tradición y con argumentos que se amparan en derechos constitucionales que brinda la Segunda Enmienda de la Constitución, los rojos plantean que una norma de esa índole sería demasiado amplia y tendría impactos negativos en estadounidenses no vinculados con el terrorismo.
Como opción apoyan una iniciativa del senador John Cornyn (R-Texas) que permitiría al Fiscal General atrasar por 72 horas que presuntos terroristas compren un un arma de fuego, mientras se obtiene una orden judicial para detener la venta.
El foro legislativo también votará sobre propuestas de los que están en contra de la verificación de los antecedentes de probables compradores de estos artefactos, entre ellas una del republicano Charles Grassley (Iowa).
Asimismo se producirá un voto de procedimiento a una propuesta de los senadores demócratas. Chris Murphy, Charles Schumer, Richard Blumenthal y Cory Booker para expandir los controles de antecedentes.
Esa idea requeriría, con excepciones limitadas, una verificación de antecedentes para la venta y la transferencia de cualquier arma en el mercado.
Hasta ahora los líderes republicanos se oponían a legislar sobre el asunto, citando preocupaciones compartidas por la Asociación Nacional del Rifle (ANR), aduciendo que esas medidas socavan derechos constitucionales bajo la Segunda Enmienda.
El país fue golpeado por la violencia armada desde que la prohibición de armas de asalto expiró en 2004 y, desde entonces, cerca de 47 atentados masivos, más de 400 muertos y un sin número de heridos pesan sobre la conciencia de muchos legisladores
