La defensa de Édgar V. y Holger S., exjefes de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) y del Servicio de Investigación Criminal (SIC-Pichincha), solicitó la revocatoria de la orden de prisión que existe en su contra.
El pasado 28 de abril, en la audiencia de formulación de cargos, la jueza nacional Sylvia Sánchez dictó prisión preventiva para los dos procesados, además de Gustavo L.
Esto con la finalidad de garantizar su presencia durante el proceso y cumplimiento de la pena, como lo establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Luego de la audiencia de revisión de medidas, el Tribunal consideró que el pedido no cumplió con los requisitos establecidos en el 535 del COIP.
Es decir, que se hayan desvanecido los elementos de convicción, se prescriba la prisión preventiva, por sobreseimiento o por la declaratoria de nulidad.
Además, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, expuso que es evidente que los procesados no tienen la intención de retornar al país toda vez que en el 2013, conociendo de la investigación fiscal, se fueron al extranjero y no han regresado.
Para demostrar esto, se respaldó en los certificados de Migración. Incluso, Ecuador ha solicitado la extradición de Édgar V. desde Estados Unidos, pero no ha sido atendido. DATOS -Dentro de la etapa de instrucción fiscal (profundización de la investigación), 5 testigos protegidos han rendido su testimonio anticipado.
El objetivo es evitar la vulneración de su seguridad y lo dieron ante un juez, Fiscalía y defensa de los procesados. -En uno de los testimonios se reveló que Arturo Jarrín fue traído desde Panamá en una avioneta ambulancia.
Ante la negativa del piloto, el agente lo amenazó con un arma. -Al arribo en Quito, Jarrín fue recibido por el entonces Ministro de Gobierno, Luis R.; su asesor Gustavo L.; el jefe de la UIES, Édgar V., y otros agentes.
