Con respecto al plazo para la creación de regiones autónomas, Virgilio Hernández, aseguró que era un tiempo extremadamente largo que dilataría la verdadera intención, que es crear una competencia intermedia entre los niveles municipal y nacional. La propuesta de Hernández fue que el plazo vaya de seis a ocho años. Sin embargo, Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, aclaró que se establecía como límite máximo 20 años, pero dijo que si existe la voluntad de las provincias esto puede suceder mucho antes. “Se propone un Estado organizado, que planifique y solucione los problemas que subsisten en el país”, aseguró.
Salud y educación
Durante el segundo debate, el legislador Luis Fernando Torres, aseguró que varias de las competencias que se asignaron a los municipios no fueron aprovechadas, porque están condicionados a una serie de autorizaciones burocráticas, sobretodo en lo que tiene que ver con tránsito. También se refirió a los temas de salud y educación, en donde aseguró existe retroceso, porque según dijo, ahora los municipios tienen que pedir autorización al Gobierno Central para intervenir en infraestructura. Esta posición fue rebatida por Richard Calderón, quien dijo que antes de la Constitución de 2008 y el COOTAD existían las famosas partidas presupuestarias que se asignaban en condiciones bicentralistas, que no permitían el desarrollo equitativo. “Hoy se hacen asignaciones extrapresupuestarias para cubrir competencias propias de los municipios”, explicó.
Para Hernández, el responsabilizar a nivel nacional por temas de salud y educación no quiere decir que los gobiernos municipales no puedan intervenir en estos temas. “Esa es una competencia, que incluso sin enmiendas aprobadas en diciembre de 2015, ya la tenía el Gobierno Central”, concluyó.
Con las reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son 47 las leyes aprobadas durante la gestión de la presidenta Gabriela Rivadeneira. Entre las más relevantes están la Ley de Aguas, de Tierras, Telecomunicaciones, el Código integral Penal, el Código de Procesos y la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.
