Explicó que la Ley de Empresas Públicas prevé que éstas deben alcanzar índices de eficiencia, porque compiten en el mercado con empresas privadas y el hecho que se los asimile al régimen público, podría afectar el principio de eficiencia, que busca remuneraciones variables de acuerdo con las metas alcanzadas.
En tal sentido, propuso que mientras no se dicte el reglamento a la Ley de Empresas Públicas no se incluya a este sector en las reformas.
Ricardo Ron, miembro del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), propuso flexibilidad para los empleados de estas entidades para manejarse como lo dispone el Código de Trabajo y se busque una reforma para que se los considere de manera especial como servidores públicos, pero con ciertas facilidades de manejo laboral establecidas en el Código de Trabajo.
Informó que el país tiene alrededor de 26 empresas públicas que engloban a cerca de 40 mil servidores, quienes tienen un régimen especial.
Sostuvo que por la propia naturaleza de su trabajo, como son los negocios, transacciones, crear y generar cierto tipo de productos y comercializarlos a nivel nacional e internacional, resulta un poco difícil someterles a las normas de la Ley de Servicio Público.
Argumentó que las empresas públicas en aspectos como homologación de remuneraciones; remuneraciones variables, tienen índices distintos al resto del sector publico, pues no tienen regulación directa del Ministerio de Relaciones Laborales.
En el análisis de esta normativa, al legislador Fausto Cayambe le llamó la atención que en el marco del concepto de “eficiencia de las empresas” no se acate una enmienda constitucional. Indicó que la eficiencia es un principio fundamental de todo el servicio público.
Por último, recalcó que con la reforma se pretende ir a una sola norma que regule el servicio público en materia laboral.
