Faltan siete meses para las elecciones presidenciales de 2017 y el movimiento electoral ya toma fuerza. Los primeros en agitar los comicios fue el colectivo Rafael Contigo Siempre que impulsa una consulta popular para la reelección del presidente Rafael Correa. Esto a pesar de que el Mandatario ha asegurado en reiteradas ocasiones que no quiere postularse para la reelección.
Conjuntamente con la aprobación de enmiendas constitucionales se aprobó una transitoria en donde se prohíbe la reelección del Primer Mandatario; sin embargo, el colectivo inició ya con la recolección de firmas para promover la consulta popular y reformar la Constitución.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) Rafael Contigo Siempre debe recolectar 929 062 rúbricas válidas, que representan el 8 % del padrón electoral. Estas firmas deberán ser entregadas en un plazo de 180 días. Sin embargo, en octubre se deberán presentar las postulaciones para las candidaturas presidenciales lo cual dejaría sin mucho tiempo al colectivo. Una vez validadas las firmas por parte del ente electoral, la pregunta deberá regresar a la Corte Constitucional para la calificación de su constitucionalidad.
De igual manera, el presidente Rafael Correa propone una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si están o no de acuerdo en que se prohíba que las personas que tienen capitales en paraísos fiscales puedan asumir cargos de elección popular. Esta iniciativa nace, según el presidente Correa, porque entre 2014 y 2015, salieron de Ecuador cerca de 3 379 millones de dólares a paraísos fiscales.
El plebiscito también denominado Pacto Etico consultará si usted “¿Está de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?
Esta consulta popular no impedirá a ninguna persona con cuentas en paraísos fiscales ser candidato, ya que se realizará conjuntamente con las elecciones de febrero de 2017. Una vez que se obtengan los resultados, si triunfa el Sí, en el plazo de un año la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes para que se ajuste la nueva normativa. Durante ese periodo, los servidores públicos o quienes hayan ganado las elecciones que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán dar cumplimiento al nuevo mandato, caso contrario podrían ser destituidos.
Los tiempos corren y aún es incierto si estas dos consultas populares se realizarán con miras a los comicios de febrero de 2017. La Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral son los organismos que tendrán la última palabra.
