Las acusaciones de “fallos” y negligencias en el operativo de seguridad en el lugar del ataque en Niza, y las críticas de la derecha y la extrema derecha al Gobierno socialista francés han generado el últimos días un debate sobre la efectividad del estado de emergencia impuesto después de dos ataques terroristas anteriores a este que dejó al menos 84 muertos.
30 000 personas, entre ellos familias y gente que quería divertirse, salieron a la calle con motivo de la celebración del Día de la Bastilla que devino en la tragedia en la que el conductor de un camión causó la masacre de Niza. Un lugar en el cual 120 agentes y soldados fueron desplegados para las festividades, según el Ministerio del Interior.
Sin embargo, los detractores afirman que eso fue insuficiente para proteger la avenida costera Promenade des Anglais, que tiene varios kilómetros de largo en la ciudad y que fue cerrada al tránsito con motivo de los festejos.
Durante la exhibición de fuegos artificiales, el atacante logró pasar con el camión de 19 toneladas por varios retenes policiales y después arrollar a la multitud por un trecho de dos kilómetros, matando a 84 personas antes de que la policía lo abatiera a tiros.
Anteriores atentados en Paris, Bruselas y otras latitudes mostraron la vulnerabilidad de Francia y Europa a los ataques extremistas perpetrados por miembros y partidarios de grupos radicales como el Estado Islámico y Al Qaeda. Christian Estrosi, exalcalde de Niza y presidente regional de Provenza, Alpes, Costa Azul, aseguró que la seguridad en el evento fue defectuosa.
De su lado, el presidente francés, François Hollande, señaló que las fuerzas de seguridad habían tomado todas las disposiciones para que estos fuegos artificiales estuvieran, en la medida de lo posible, protegidos, y que la lucha contra el terrorismo va a ser larga.
El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, aseguró que este verano se vigilarán especialmente playas, centros turísticos y grandes eventos deportivos y culturales, y deslizó un mensaje contra la oposición conservadora y la extrema derecha, que desde horas después del ataque de Niza han criticado sin cuartel al Ejecutivo y al jefe del Estado.
Cazeneuve indicó, además, que, entre otras medidas, el gobierno ha contratado 9 000 nuevos policías, ha aprobado tres leyes antiterroristas en la legislatura, se ha procesado por yihadismo a 1 200 personas en 300 juicios, se han abortado 16 atentados desde 2013 y se ha detenido a 160 sospechosos de terrorismo este año.
Asimismo, la Asamblea Nacional francesa votó esta semana a favor de prolongar el estado de emergencia seis meses, hasta enero de 2017, decisión, según expertos, tomada por la presión de la oposición de derechas, quienes trataron sin éxito de que la medida se prolongase un año. El proyecto de ley que regula el estado de emergencia contiene también un endurecimiento de sus disposiciones, incluido un artículo, que todavía tiene que ser votado por los diputados que permite la inspección y registro de la información que contienen los teléfonos móviles y ordenadores incautados.
Sin embargo, a pesar de esas medidas, que también otorgaron amplios poderes a los servicios de inteligencia, siete de cada diez franceses desconfían de la política antiterrorista de Hollande y de su Gobierno, según un sondeo del instituto demoscópico “Ifop” para “Le Figaro“, que muestra que solo un 33 % respalda su estrategia.
