El presidente Juan Manuel Santos asegura que dicho acuerdo es una necesidad. «Nuestro país necesita un transporte de carga que sea justo, transparente y eficiente para que los colombianos paguen precios justos y además se garanticen los derechos de los conductores y de los trabajadores del sector», dijo el mandatario.
«Por eso, desde cuando se inició la inmovilización ordené que se buscaran soluciones equilibradas y realistas para los problemas del sector», agregó el presidente.
Entre los puntos acordados, el gobierno se comprometió a establecer procedimientos claros en el proceso de lo que se denomina «chatarrización» y asó eliminar la corrupción en este programa, utilizado principalmente por pequeños transportistas.
Además figura la convocatoria a un observatorio de carga para regular los costos de operación.
El Gobierno también se comprometió a apoyar mejoras en la infraestructura, así como programas de vivienda, mejorar las condiciones de riesgo, jubilación y entrenamiento para los trabajadores del sector.
La cruzada camionera se comprometió a trabajar de la mano con el Gobierno.»Queremos confeccionar una agenda cada mes con la Alta Consejería de Competitividad, solamente para hacerle seguimiento a nuestro acuerdo, porque con reverencia y respeto al país, tenemos darle tranquilidad a los colombianos que esto funcione bien y si funciona bien es porque el camionero está trabajando de manera adecuada y siendo productivo en su esquema», dijo Orlando Ramírez, de la Asociación de Transporte de Carga.
Los diálogos entre las partes contaron con la mediación de monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal.
