Mediante una publicación del diario El Telégrafo, se informó que el derecho de repetición o acción de regreso es una facultad que permite al Estado ejercer una acción contra del funcionario público, que ocasionó pérdidas económicas por culpa grave, negligencia o dolo, en el ejercicio de sus funciones.
El anuncio se produce dos días después de que el Estado cancelara a Chevron los 112 millones de dólares por el laudo arbitral.
En un comunicado, la PGE responsabiliza a los funcionarios por la condena del Tribunal Arbitral, cuya decisión concluyó que Ecuador “incumplió el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito con EE.UU., por una demora indebida por parte de los tribunales que no resolvieron los 7 casos comerciales presentados por la petrolera entre 1991 y 1994″.
Además, la PGE recabará del Consejo de la Judicatura información sobre la actuación de jueces y servidores judiciales responsables de tramitar las causas entabladas por el caso Chevron-Texaco.
“La demanda por repetición le permitirá al Estado ecuatoriano recuperar los valores pagados como consecuencia del laudo que ascienden a 96 355.369 millones de dólares más intereses”, informó el documento.
