Las pruebas recopiladas por Fiscalía motivaron a los jueces a sentenciar a 12 años de reclusión mayor a Hugo E., exgerente de dicha cooperativa. El Tribunal de Garantías Penales de Loja, también sentenció a 8 años de reclusión mayor a Jorge V., exintegrante del Consejo de Administración; y a Rafael M., expresidente del Consejo de Administración.
Asimismo Jessie S. y Geovany E., esposa e hijo del exgerente, recibieron una pena de 6 años de reclusión mayor. Además, los jueces ratificaron el estado de inocencia de Jorge M., exasesor; y María E., hija del exgerente.
La fiscal del caso, Viviana Ordóñez, explicó durante la audiencia de juicio que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil disponía de terrenos y a su vez su gerente Hugo E., junto con otro accionista, conformó la ‘Asociación de Proyectos de Vivienda Casa Fácil’.
Según la fiscal Ordóñez, para que esta asociación compre dichos terrenos se prestó a la cooperativa más de 3.000.000 de dólares. Luego dicha asociación se disolvió y nuevamente la cooperativa recibió los terrenos, pero a precios sobrevalorados, como pago de los préstamos. De esta manera se afectó el patrimonio de la entidad financiera.
La Fiscalía también descubrió que en la cooperativa se entregaron créditos ficticios a supuestos clientes, sin requerir las garantías necesarias ni la documentación de respaldo, para maquillar el estado financiero de la cooperativa.
Además, se cambiaron cheques sin fondos por dinero en efectivo y se utilizó el dinero de los depositantes para solventar gastos personales de los familiares del exgerente Hugo E.
Como parte de las pruebas, se presentó a 30 testigos, entre ellos funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), funcionarios de la cooperativa y perjudicados. También como pruebas expuso el informe de auditoría de la SEPS, los certificados de depósitos de los socios perjudicados, las escrituras de los terrenos adquiridos, entre otros.
Las investigaciones de este caso se iniciaron en agosto del 2014, a partir de que un grupo de perjudicados denunció que invirtieron su dinero mediante depósitos a plazo fijo (pólizas). Sin embargo una vez cumplida la fecha no pudieron retirarlo.
Otros tres casos
En marzo del 2016 se determinó una sentencia condenatoria de 12 años de reclusión mayor en contra de 8 personas, por peculado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes, con matriz en Loja.
En este caso las investigaciones de Fiscalía determinaron un perjuicio económico de 10.394.612 de dólares, entre el 2009 y mayo del 2014. Esta cooperativa tenía 644 socios y por los problemas financieros cerró sus puertas en diciembre del 2014.
Otro de los casos de peculado que judicializó la Fiscalía es el relacionado con el del Banco de Fomento con sucursal en Macará. Cuatro exfuncionarios fueron sentenciados a 5 y 2 años de reclusión, por la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justica de Loja.
Entre el 2010 y 2012, en esta entidad bancaria se efectuaron aproximadamente 4.000 transacciones irregulares, utilizando las cuentas de alrededor de 56 clientes. De esta forma circularon cerca de 1.500.000 de dólares. El perjuicio económico fue contabilizado en 100.000 dólares.
En un tercer caso, la Fiscalía procesó a nueve ciudadanos por su presunta participación en el delito de peculado, cometido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales de Loja, Coodepro. La audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen se efectuará en los próximos días.
En Coodepro se habrían creado créditos ficticios y pólizas de inversión falsas a nombre de varios socios, sin que ellos hayan solicitado. Además, al parecer se desviaron montos de dinero que, presuntamente, beneficiaron a dos de los procesados. Aquí el supuesto abuso del dinero de los depositantes ocasionó un perjuicio de 800.000 de dólares aproximadamente.
Datos:
Los casos de Casa Fácil, Nuevos Horizontes y Banco de Fomento se judicializó con base en el artículo 257 del Código Penal anterior, vigente a la fecha del cometimiento del delito. La pena es de 8 a 12 años de reclusión mayor.
El caso Codepro es judicializado según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el peculado con pena privativa de libertad de hasta 13 años.
