Espinosa explicó que no violó los artículos de la Constitución con los que lo inculpan y que actuó apegado al Reglamento General para la Administración, Utilización de los Bienes y Existencias del Sector Público, y aseguró que en ninguna parte de la Carta Magna ni de alguna Ley dice que una de las funciones del ministro es contratar pólizas de seguro.
«Bastaría con referirnos al artículo 131 de la Constitución para desvirtuar cualquier posibilidad de juicio político basado en las acusaciones de los 37 asambleístas”, dijo. El artículo en mención establece que a Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de los ministros a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la Ley.
Asimismo, el funcionario indicó que se lo acusa de haber violado los artículos 212, numeral tres; 227 y 348, inciso 3, de la Constitución. En este sentido, sobre el primera normativa afirmó que está relacionado con las funciones de la Contraloría General, entre ellas el de expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. «No sé qué tiene que ver un ministro con este artículo», dijo Espinosa, quien añadió que el segundo se determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por algunos principios, entre ellos de eficacia, eficiencia y calidad argumentó que no presentaron una sola prueba para demostrar la supuesta violación.
De igual manera, indicó que no se ha presentado ninguna prueba que demuestre que se violó el artículo 348 de la Constitución, relacionado con la gratuidad de la educación y el financiamiento de la misma. La educación pública es masiva, gratuita y completamente financiada por el Estado, explicó.
Espinosa destacó, además, el trabajo realizado en este Gobierno en lo referente a la educación, y enfatizó que el país en educación inicial pasó de 59.495 matriculados en el 2007 a 427.909 en la actualidad. «Está universalizada la educación general básica. Vamos en el mismo camino con el bachillerato. En educación intercultural bilingüe pasamos de 95.471 estudiantes en el 2006 a 146.346 en el 2015″, destacó.
Finalmente, afirmó que en el 2006 el presupuesto para educación llegaba a 1.000 millones de dólares, y el año pasado, en medio del shock financiero externo, fue de 3.300 millones. “Luego del desastre del 16 de abril, uno de los mayores desafíos que enfrentamos fue restablecer en el menor tiempo posible la educación pública gratuita en Manabí y Esmeraldas. A educación se le asignaron 50 millones de dólares lo que nos permitió emprender acciones desde el día siguiente a la tragedia», dijo.
