Al respecto, el Primer Mandatario anunció que para que “exista este proceso debe constar una vulneración a la Constitución o de la Ley, situación que no se ha presentado, es decir que son elementos infundados”.
“Esto es parte del show. Yo hago un llamado a los jóvenes, para que sepan discernir. No les pido que voten por nosotros, si quieren háganlo por corrientes opuestas pero responsables, no por estos mediocres”, precisó el Mandatario.
Por su parte, el ministro Augusto Espinosa mencionó que “hasta el momento ninguno de los 37 asambleístas ha podido señalar cuál es el artículo de la Constitución o de la Ley que hemos violado”. Según el titular de la Cartera de Estado, a falta de argumentos por parte de la oposición política tuvieron que excusarse en una serie de vacíos que no poseen sustento jurídico.
En ese sentido, el Presidente Rafael Correa instó a los medios de comunicación: “vayan pregúntenles a los alcaldes de Avanza a ver si tienen asegurados todos sus bienes. Es la hipocresía y la doble moral en su máximo nivel”.
Según la normativa que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el aseguramiento de los bienes públicos se efectuará siempre que generen una rentabilidad o un ingreso económico para el Estado, función con la que no cumplen las escuelas del milenio.
Este juicio político se debe a una intencionalidad por parte de la bancada opositora del Legislativo. El principal objetivo, según el Mandatario y el ministro Espinosa, es generar un circo electoral que contará con sus corifeos.
