Este es un instrumento internacional que busca asegurar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de estas especies. Además, establece formas de cooperación de los Estados como: asistencia financiera y técnica para el desarrollo de los recursos humanos; transferencia de tecnología, incluida la creación de empresas mixtas; servicios de asesoramiento y consulta para los países en desarrollo, entre otros.
Según el Legislativo, el acuerdo es beneficioso para los países pesqueros y en especial para los que están en desarrollo, como Ecuador, porque protege los recursos marítimos de alta mar “garantizando la soberanía alimentaria para futuras generaciones”.
La asambleísta Verónica Rodríguez destacó que la aprobación de este acuerdo es fundamental, puesto que “contribuirá para que el Pacífico Centro y Sur Oriental que aún tiene un bajo nivel de impacto del hombre, pueda mantenerse en favor de la biodiversidad marina y la soberanía alimentaria del Ecuador y de la región”.
Por su parte, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, indicó que nuestro país ha avanzado mucho en materia de derechos a la naturaleza. De allí que en los marcos normativos se busca una sostenibilidad de los recursos marinos y costeros pensando en las próximas generaciones.
Explicó que uno de los problemas graves del mundo es la explotación indiscriminada de los recursos pesqueros, más aún cuando estos ecosistemas no tienen la posibilidad de recuperación a través de pesquerías, sin límites ni vedas ni ordenamiento. “Si bien en Ecuador las herramientas legales y técnicas han avanzado, se requiere hacer información e investigación científica más profunda sobre toda la riqueza que tenemos en nuestro suelo marino. Son necesarios acuerdos internacionales que conminen a una mayor responsabilidad de conservación de este tipo de recursos”, añadió.
