Mientras los brasileños están concentrados en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Senado se dispone este martes a votar sobre el juicio político contra la mandataria Rousseff, el cual podría conllevar a su destitución. Esto es considerado una maniobra para evitar las manifestaciones populares en defensa de la democracia de ese país de la región.
«El senado se reúne hoy para ejercer una de las más graves competencias que la Constitución le confiere: deliberar sobre la apertura de un proceso de impeachment contra el jefe de Estado de gobierno, la señora presidenta de la República Dilma Vana Rousseff», dijo al abrir la sesión el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski y quien dirigirá la sesión.
Los senadores protagonizaron los primeros cruces retóricos, anticipando un debate tenso en el plenario de 81 miembros.
«Quiero recordar la gravedad de la decisión que tomaremos en breve y pedir que dejemos de lado tanto como nos sea posible nuestras convicciones políticas partidarias, imbuidos de la responsabilidad derivada de nuestro papel de jueces», dijo por su parte el senador Renan Calheiros, jefe de la Cámara alta antes de ceder el mando a Lewandowski.
Si la votación aprueba el informe del senador socialdemócrata Antonio Anastasia (PSDB), que recomendó destituir a Rousseff por haber cometido un «atentado contra la Constitución», la presidenta solo tendrá una última oportunidad para evitar su caída.
La sesión se extenderá por unas 20 horas y bastará que una mayoría simple -mitad de los presentes más uno- apoye la acusación para que el caso avance a la instancia final de juicio y sentencia.
Rousseff ha reiterado que el golpe en su contra ha sido liderado por su vicepresidente, Michel Temer, quien la sucedió en el cargo mientras se resuelve el tema del juicio político.
La mandataria alejada del poder ha sido acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos sin la venia del Congreso y suscribir decretos para financiar al Tesoro con la banca pública, sobre todo en su campaña de reelección de 2014.
En caso de ser aprobado este juicio político, podría perder su mandato y quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años, mientras Temer quedará asegurado en la Presidencia hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en que expiraría el mandato de Rousseff.
Según medios internacionales, hace 10 días Temer pidió acelerar este proceso argumentando que los brasileños necesitan saber «quién es el presidente», y su plan sería poder asistir a la cumbre del G20 prevista en septiembre próximo en China como presidente de los brasileños, sin el adjetivo «interino».
De aprobarse un proceso contra la mandataria brasileña, este comenzaría el 25 de agosto, cuatro días después de la clausura de Rio-2016 y se prolongaría por cinco días.
Una amplia mayoría de los congresistas considera que Dilma Rousseff será destituida en la fase de juicio, que requiere el apoyo de al menos dos tercios (54) del Senado.
Trascendió que Rousseff, desde la residencia presidencial, dijo que publicará una carta donde se comprometerá a convocar un plebiscito para que los ciudadanos decidan si quieren adelantar elecciones, en caso de que consiga derrotar el denominado ‘impeachment’ que ella considera «un golpe».
