El acuerdo fue suscrito por 500 organizaciones políticas y 400 fuerzas sociales. Además, 24 jefes políticos, 23 gobernadores, 200 asambleístas principales y alternos e igual número de autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) apoyaron una consulta popular sobre este tema en las elecciones de 2017. La pregunta, que está bajo análisis de la Corte Constitucional (CC) reza lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.
El secretario de Acción Política de AP, Óscar Bonilla, explicó que el interés de las fuerzas políticas y sociales, así como de los funcionarios públicos, en cuanto a adherirse a la propuesta presidencial, motivó encuentros en las 24 provincias. En las reuniones “Por el Pacto Ético”, realizadas del 15 de julio al 9 de agosto, se debatió la iniciativa en contra de aquellos lugares con poco o ningún control tributario. Ecuador ha sentido de cerca los perjuicios de estos territorios.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que de los $ 31.752 millones en divisas enviadas al exterior en 2014, el 12,5%, es decir $ 4.000 millones fue a paraísos fiscales. “Sacar la riqueza de donde se generó y en donde tanto se necesita es sencillamente inmoral. Sostener, como dicen algunos, que ‘yo puedo hacer con mi plata lo que me da la gana’ demuestra una total falta de ética y compromiso para con la Patria”, manifestó el Jefe de Estado durante la cadena nacional del 14 de julio, donde presentó la consulta.
El precandidato presidencial del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, tiene un banco en Panamá. Sus simpatizantes consideran que la consulta va dirigida en su contra por lo que la rechazan categóricamente. “El Gobierno Nacional se ha caracterizado siempre por plantear una serie de reformas para combatir la elusión y los paraísos fiscales. Consultar al pueblo es otra de las acciones para lograr un Estado más transparente, sin corrupción, lo que siempre ha sido una demanda de la ciudadanía”, replica Bonilla. Entre las agrupaciones que suscribieron el pacto constan directivas locales de partidos de oposición, por ejemplo CREO y Pachakutik (PK), de Morona Santiago y Avanza y Partido Sociedad Patriótica “21 de Enero”, de Orellana. También integran la lista Centro Democrático (CD), Fuerza Noboleña, Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Red de Maestros, entre otros.
El 14 de julio de 2016, el Frente Unidos (conformado por 14 organizaciones políticas que respaldan al Gobierno) se adhirió al Pacto Ético. El representante del Secretariado Nacional de Frente Unidos, Patricio Baquerizo, aseguró que el acuerdo se cristalizó porque “no es posible que el engaño siga imperando en el discurso político del país”. “Es necesaria una mayor transparencia y que predomine la ética en el ejercicio político de todos los representantes de los partidos y movimientos” y por eso se apoyó la conformación de los “Frentes por el Pacto Ético” en las 24 provincias. Otra de las organizaciones que respaldó el Pacto Ético fue la Red Nacional de Jóvenes Ambientalistas del Ecuador, que aglutina a 65 agrupaciones. Su coordinadora nacional, Marcela Cevallos, indicó que el 10 de agosto de 2016 firmaron el compromiso porque la salida de dinero a los paraísos fiscales los afecta.
“Desencadena un sinnúmero de problemas como el desempleo, la inequidad social, la mendicidad y la mala distribución de la riqueza”. Los miembros de la Red Nacional de Jóvenes Ambientalistas del Ecuador socializarán el Pacto Ético en las 24 provincias, ya que “muchas personas desconocen qué es un paraíso fiscal y cómo afecta al país”. Para Cevallos quienes no están a favor de la intención “es porque no aman al país”. El mismo criterio tiene Maritza Zambrano, secretaria nacional del Sindicato Único de Trabajadoras Remuneradas del Ecuador, quien recalcó que apoyaron al Pacto Ético porque “los recursos que salen del país podrían ser invertidos aquí para generar más plazas de empleo y por ende mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos”. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confenaie), Felipe Tsenkush, indicó que su organización siempre ha combatido las políticas neoliberalistas y por eso apoyó al Ejecutivo para acabar con los actos inmorales y antiéticos. El 14 de julio de 2016, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, entregó a la CC la solicitud para realizar una consulta popular con la pregunta antes citada.
El 2 de agosto el planteamiento entró a la Sala de Admisión de la CC para sortear el caso signado con el N° 001-16-CP, el cual recayó en la jueza Wendy Molina Andrade. Ella prepara un proyecto de dictamen o sentencia para conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional, la que tendrá la última palabra. Cuando la CC emita la decisión final, las organizaciones que suscribieron el documento organizarán la Jornada Nacional de la Consulta Popular.
