Pero esta no es su única función. Del total, 500 serán empleados para la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género. El sistema funcionará con la tecnología que emplea el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. “Esto permitirá aprovechar la plataforma con la que ya cuenta el país para efectuar de manera eficaz el monitoreo de los dispositivos a escala nacional, que operará integralmente y funcionará de manera ininterrumpida durante los 365 días del año”, expresó Ledy Zúñiga, ministra de Justicia.
Los dispositivos serán de tres tipos: una tobillera a prueba de agua que permite ubicar de forma inmediata a su portador; otro que será entregado a las posibles víctimas de violencia intrafamiliar y de género; y un tercero que permite incluso hacer un reconocimiento fácil del portador.
De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el uso de este sistema de vigilancia se hará en tres casos puntuales: como medida de protección en favor de la víctima; como medida cautelar para las personas procesadas por delitos menores, en los casos de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años o con enfermedades incurables en etapa terminal; y para personas que han cumplido más del 60 por ciento de la pena y cumplen los requisitos para acceder al régimen semiabierto.
