Después de los tres primeros meses de aprobada la Ley de Solidaridad, ambas autoridades acudieron al Pleno de la Asamblea Nacional para detallar las acciones realizadas en las provincias de Esmeraldas y Manabí, las más afectadas por el movimiento telúrico, tal como lo establece el articulado.
“La asignación total de atención al terremoto con corte 15 de agosto de 2016 llega a 888 millones de dólares, de los cuales 181 millones se han devengado, esto es un porcentaje del 21% de la asignación presupuestaria”, explicó el ministro Herrera en su informe.
Los 888.12 millones se completaron entre los 324,92 millones que se recaudó por la Ley de Solidaridad y los 563,2 millones de dólares que se destinó del PGE.
Según Herrera, “esta relación tendrá que ir cambiando para compensar muchos gastos que asumió el PGE y tienen que compensarse, porque al actuar el Decreto de Emergencia se utilizó recursos asignados para obras en otras provincias, las obras tienen que continuar y la Ley de Solidaridad estuvo creada para compensar estos gastos que propuso la emergencia por el terremoto”.
La ley de Solidaridad recaudó 324 millones de dólares en beneficio de las personas afectadas por el terremoto.
Según datos presentados por el Ministerio de Finanzas, la asignación del PGE y los recursos se hicieron así: 252 millones de dólares para el sector de desarrollo urbano y vivienda, 203 millones para vialidad, 124 millones a educación, 120 millones a la banca pública, 36 millones a electricidad y telecomunicaciones, 32 millones a bienestar social, 30 millones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 27 millones a asuntos internos, 22 millones al sector administrativo, 21 millones a salud, 18 millones a defensa y 5 millones al sector agropecuario.
El gobierno asignó diferentes montos para las áreas más afectadas por el terremoto.
Los créditos que obtuvo el estado ascienden a 333 millones de dólares de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, entre otros. El Ministro también informó que aún hay créditos pendientes por 437 millones de dólares con distintos organismos a nivel mundial.
Los créditos de contingencia se obtuvieron de diferentes instituciones a nivel internacional.
Por su parte Carlos Bernal, precisó que hasta la fecha se han entregado 12.942 bonos de acogida para las familias damnificadas, 1.623 bonos de alquiler, 26.076 bonos de alimentación, y manifestó que gracias a ello en estos tres últimos meses hubo “una curva importante de desmovilización en los albergues, como lo decíamos eran un poco de 10.000 albergados y gracias a lo bono de acogida y alquiler, hasta la fecha existen cerca de 8.300 personas”.
Además, señaló que el gobierno ha invertido 27,6 millones de dólares para reponer el sector eléctrico tras el terremoto, 7,7 millones de dólares para rehabilitar el sistema de agua potable, 119 millones en educación, 8,3 millones en el eje salud.
A decir de Bernal, este informe da cuenta de que la prioridad para el gobierno de Ecuador ha sido la atención primaria a las personas damnificadas, para “devolver la esperanza a esas personas que fueron afectadas por el terremoto y del que vamos a salir adelante con los recursos que ya están asignados y con la voluntad política que existe del gobierno y de la sociedad civil”.
