En una jornada que duró seis horas, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Entre las intervenciones en el Pleno, hubo argumentos que apuntan a que con las reformas no se lesiona la institucionalidad de estas dos entidades.

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El asambleísta Gilberto Guamangate, cuestionó el hecho de que en los altos mandos militares y policiales jamás hayan llegado personas de origen humilde. “Siguen defendiendo lo indefendible. No es justo que se antepongan sueldos jubilares que pasan de 4 mil dólares, mientras el campesino pasa con 60 dólares al mes. No se trata de destruir al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), ni se deja en la indefensión o frustra a las Fuerzas Armadas. Lo que les preocupa es que en este periodo legislativo se tocó a los intocables”, aseguró. Estas aseveraciones las hizo luego que el legislador César Umajinga dijo que estas reformas no resuelven la crisis económica del Ecuador.

El legislador Luis Tapia criticó el que sus observaciones, presentadas por escrito con anterioridad, no se hayan acogido y solicitó que se reciba en comisión general al Comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Director del Issfa. Mientras que Luis Fernando Torres, pidió que para el segundo debate se presenten cifras del déficit actuarial y financiero. “Si hay problemas con la sostenibilidad de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía hay que tomar medidas”, explicó. El parlamentario también hizo referencia a los regímenes especiales bajo los que funcionan las dos instituciones.

Inequidad

Durante el debate, la asambleísta Blanca Argüello, dijo que hablan de autonomía, cuando eso es no depender de nadie. “Reconocemos que es un Régimen Especial y eso queda claro. Con la reforma se establecen los bonos de compensación que reciben los militares”, dijo. Además hizo diferencias al ejemplificar los 28 mil dólares que recibe un Teniente Coronel por ascender al grado de Coronel y luego recibe un salario anual de 4.200 dólares, solo por haber ascendido, con lo que recibe un trabajador. “Acaso no es inequitativo que se le pague igual a un militar que está en escritorio a uno que trabaja en frontera. Ahí se debe pensar en un Régimen Especial”, aseveró Argüello.

También se topó el tema de los militares retirados, que no aportan para la sostenibilidad al sistema de salud. “Debería hablarse de un aporte de los militares retirados. Hay asambleístas que se pasean en los medios de comunicación defendiendo a las Fuerzas Armadas  y aquí no aparecen para un debate serio. Con el proyecto de ley se elimina la inequidad en las FF.AA., sin que eso afecte la institucionalidad”, concluyó Argüello.