Según Cristian Castillo, consejero de la Presidencia de la República, existen las condiciones “para que el uso del certificado digital de firma electrónica sea obligatorio para los servidores públicos de índole administrativa que prestan un servicio o que realizan trámites internos”. Agregó que esta decisión apunta a generar un ahorro de tiempo y recursos al interior de la administración pública.
La firma electrónica es de uso personal y representa un paso fundamental en el mantenimiento de los estándares en servicios electrónicos que ostenta el país. “Desde 2012 a 2016, pasamos del puesto 102 al 74 en el ranking mundial de gobierno electrónico, según la Organización de Naciones Unidas”, destacó Castillo.
En la obtención de la firma electrónica por parte de los funcionarios públicos el papel del Registro Civil es fundamental. Jorge Troya, director general de dicha institución, hizo un llamado para que los funcionarios públicos o privados se acerquen a las agencias de la entidad para obtener este dispositivo que viene en dos presentaciones: portable por medio de un token (49 dólares más IVA) o a través de un CD que se instala en la computadora, siendo este último el más accesible por su precio, que es de 27 dólares más IVA.
Para facilitar este servicio, el Registro Civil tiene habilitados 20 puntos de atención en el país. Troya añadió que desde julio de 2014, fecha en la que la institución empezó a brindar este servicio, hasta agosto de 2016, se han entregado más de 34 mil dispositivos con la firma electrónica.
Existen varios usos de este dispositivo en el sector público, como la firma de documentos enviados por medio del sistema Quipux, la facturación electrónica, la importación y exportación de servicios, entre otros.
