Alexis C. y Daniel G., procesados en el caso también conocido como ‘Estrella Dorada’, dijeron que este depósito fue un préstamo, pero no presentaron justificativos sobre el origen del dinero. Por lo que la Fiscalía concluye que esos recursos serían producto de la venta de los pases, cada uno vendido entre 1.000 y 2.000. Los dineros eran entregados en efectivo o se depositaban en varias cuentas de distintas personas.
Los dos procesados y Ernesto Montenegro fueron nombrados durante el relato del auditor contable, Geovanny T., testigo de la defensa, quien manifestó que auditó las cuentas del procesado Daniel G., en el periodo enero 2013 a julio 2015.
Además, el auditor indicó que existían transferencias bancarias entre los tres. Eso confirma el sustento de la Fiscalía sobre que hubo depósitos y entregas de dinero entre los procesados, quienes no tienen documentos de respaldo de los movimientos financieros.
Según la Fiscalía, el oficial Daniel G. sería quien colaboraba en la gestión de pases. Mediante estos trámites irregulares, los uniformados lograban irse de una ciudad a otra. Esos datos constan en los testimonios anticipados de tres oficiales, quienes también fueron indagados por el delito de delincuencia organizada.
El sistema utilizado era visitar los cuarteles y destacamentos policiales y captar a los uniformados que requerían de un traslado, ya sea por causas personales o laborales.
Los procesados habrían tenido rees en cafeterías, restaurantes y vivienda, por lo menos una vez a la semana, para continuar con los trámites y agilitar los procesos de traslado.
Dos sentenciados en este caso
El 3 de mayo del 2016, el excapitán Luis Carrera y el exteniente Ernesto Montenegro fueron sentenciados en calidad de autores del delito de delincuencia organizada.
Ellos aceptaron haber participado en la venta de pases policiales y por procedimiento abreviado fueron sentenciados a ocho meses y cuatro días de prisión.
En sus testimonios anticipados, ellos narraron cómo sus compañeros ayudaban en los trámites de los trasladados, sin cumplir los requisitos de ley.
Mientras que el 23 de mayo, los uniformados Aldrín Torres y Jairo Cevallos se sometieron al procedimiento abreviado. Por lo que a pedido de la Fiscalía, el juez Marco Rodríguez dispuso la privación de libertad de 6 meses para el primero y de 12 meses para el segundo.
Los cuatro sentenciados cumplen su pena en el Centro de Privación de Libertad N° 4, ubicado en el norte de Quito.
