La audiencia de juicio del caso Ecuafútbol, que se desarrolla en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, se suspendió la tarde de este lunes y se reinstalará este martes 11 de octubre desde las 08:30. "Mañana continuará con la recepción de testimonios de los testigos convocados por la Fiscalía", indicó la entidad a través de Twitter.

Fiscalía

La Fiscalía informó, además, que dos testigos rindieron sus versiones, y presentará 59 de los 116 testigos convocados para la audiencia de juicio.

En la mañana, la fiscal de la Unidad Antilavado de activos, Diana Salazar, presentó la teoría del caso y reseñó que por el mismo,  Vinicio Luna fue sentenciado a 12 meses de privación de libertad, con la aplicación del procedimiento abreviado.

«La Fiscalía investigó el ingreso y desvío de fondos no justificados de las cuentas  de la Ecuafútbol, desde junio del 2015. Los procesados utilizaron sus funciones de presidente, contador y tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para introducir al país recursos de actividades ilícitas», dijo.

La diligencia se instaló  contra el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Ch., Pedro V., contador, y Hugo M., tesorero, por su presunta  responsabilidad en lavado de activos, ante el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.

En su primera intervención, la fiscal  Salazar manifestó que se investigaron las transferencias de dinero desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hacía  la FEF.

Para la Fiscalía, los procesados recibieron estas trasferencias- bajo la figura de ‘donaciones’- por más de 2’000.000 de dólares  sin soportes documentales, aunque que dicho organismo  no contempla la figura de ‘donaciones’, dijo la Fiscal.

Allí se habría  evidenciado el lavado de activos para ocultar, impedir  y disimular el origen ilícito de los capitales.

También en los registros  constan  que habrían utilizado  contratos cuyos manejos contables resultaron intencionalmente confusos. Existirían contratos por casi 4’000.000 de dólares suscritos con empresas  de propiedad de los ahora procesados.

Diana Salazar argumentó  que se investigó el período 2010-2015 y se habría comprobado la existencia  de facturas  emitidas  por empresas  de fachada, modificaciones de asientos contables por falsas donaciones de activos y apropiación  directa  de recursos de la FEF mediante arrendamiento de inmuebles.

Ante estos hechos, la fiscal Salazar  aseveró  que Luis Ch. se valió de su cargo y, con pleno conocimiento de sus actos, permitió  la transferencia de recursos derivados de actividades ilícitas, a través del sistema  Financiero Nacional.