La tarde de este 26 de octubre, se reinstaló la audiencia de apelación al sobreseimiento solicitada por la Fiscalía. En ella participó su titular, Galo Chiriboga Zambrano.
Con esta resolución de los jueces, ahora son siete los procesados que irán a juicio en este caso.
En la diligencia de fundamentación del recurso, el Fiscal General explicó que Zoila Amada Suárez, madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa, conocido como ‘El niño del terror’, fue ejecutada extrajudicialmente entre 19 y 20 disparos que habrían sido realizados por policías integrantes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
Este hecho ocurrió el 16 de enero de 1992, durante el operativo para capturar a Hermosa en su domicilio. Francisco C. es quien habría dirigido el primer grupo que incursionó en la vivienda y disparó indiscriminadamente contra Amada Suárez, mientras esta dormía.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía figura el listado del personal que participó en el operativo de captura a Juan Fernando Hermosa y recibió una condecoración por parte del Consejo Superior de la Policía. Allí apareció el nombre de Francisco C.
Además, constan las versiones de sus compañeros que identifican y reconocen que Francisco C. habría participado en el operativo.
Otro elemento de convicción es el protocolo de autopsia que reveló que Amada Suárez recibió de 19 a 20 disparos con arma de fuego. Constan también el acta del levantamiento del cadáver, informe de la trayectoria balística y la reconstrucción de los hechos.
Francisco C. fue sobreseído el 21 de julio del 2016 por el juez nacional Miguel Jurado, a pesar de que la Fiscalía había emitido un dictamen acusatorio en su contra.
Tras la audiencia de este miércoles 26 de octubre, el Tribunal de la CNJ dictó la prisión preventiva en contra del procesado y dispuso que se oficie a la Policía Nacional para su localización y captura.
Datos:
Zoila Amada Suárez tenía una deficiencia auditiva y su condición de movilidad era reducida, es decir, era una persona en situación de vulnerabilidad.
Este caso fue investigado por la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, como una violación grave a los derechos humanos.
