La Comisión de Fiscalización inició el proceso para llamar a representantes de las entidades de control. Serán convocados los titulares de la Contraloría, Servicio de Rentas Internas (SRI), superintendencias de Bancos y de Compañías, y de la Fiscalía. Los funcionarios deberán explicar las acciones emprendidas en torno a la trama de corrupción en Petroecuador.
La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, recordó que a inicios de 2016, apenas se desató el escándalo de los ‘papeles de Panamá’, la Comisión de Justicia del Legislativo amplió la investigación a funcionarios públicos con inversiones o cuentas en paraísos fiscales. Luego remitió el informe a la Contraloría General y a la Fiscalía.
Producto de esa investigación, aseguró Rivadeneira, no solo se advirtió a las entidades de control de inconsistencias en los implicados en este caso, como el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, sino también en el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli y en 10 personas más que hoy son investigadas.
“Esta Asamblea fue la que puso las alertas necesarias al sistema de justicia y a las entidades de control para que tomaran las acciones correspondientes sobre los implicados”, defendió Rivadeneira.
Luego de conocer el informe de la Comisión de Justicia, su par de Fiscalización, por decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), inició el proceso correspondiente, que implica la convocatoria a las autoridades de los organismos de control para que expliquen las acciones que tomaron desde el mismo momento en que recibieron las alertas.
No descartan juicio político
Acerca de cuál fue la actuación de las autoridades frente a las alertas dadas por la Asamblea, la principal del Legislativo dijo: “Eso es lo que tienen que explicar las autoridades de control a la Comisión de Fiscalización, sometiéndose incluso a la posibilidad de que, una vez se demuestre que no se ha cumplido con las competencias y funciones, pueda darse el curso de juicio político”.
La legisladora Marisol Peñafiel, integrante de la Comisión de Fiscalización, explicó que el proceso avanza y que a la mesa “le corresponde determinar y hacer el seguimiento de qué se hizo, qué se dejó de hacer y si se incumplió o no con lo que la ley manda”.
En relación a la gestión del fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, y especialmente al caso de Carlos Pareja Yannuzzelli, adelantó que deberá comparecer como autoridad de control y explicar sus acciones para evitar la salida del país del exministro, de acuerdo a lo que establece la Constitución.
“Este es un Estado constitucional de derechos y de garantías, la presunción de inocencia es un principio que rige en el país. En base a ello las autoridades disponen diligencias, son los jueces; en este caso creo que deberían haber emitido también las debidas medidas porque no es el Fiscal el que emite las medidas cautelares, es el juez el que determina, pero es el Fiscal quien instruye e inicia la etapa preprocesal y procesal penal”, argumentó la asambleísta durante una rueda de prensa. (I)
