Por parte del Registro Civil participó el Subdirector General, Ing. Claudio Prieto y el Coordinador General del Servicio, Ing. Diego Proaño. Asimismo, por parte del CNE, participaron el Ing. Diego Tello, Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales y el Ing. Wilson Hinojosa, Director Nacional Técnico de Registro Electoral. Con respecto al tema, Prieto señaló que hay organizaciones políticas que quieren deslegitimar un proceso técnico llevado a cabo por dos instituciones claves para la democracia. Destacó que uno de los logros es que para las Elecciones Generales del 2017, el 74% del padrón tendrá fotografías de los votantes. «Esto mejora la seguridad en el proceso, sustancialmente», resaltó.
Además, recordó que en el país se comenzó a registrar actos civiles desde el año 1900. Por ello, las denuncias que aseguran que en anteriores procesos votaron personas nacidas en el siglo XIX, no tienen asidero ya que no hay constancia administrativa de esos ciudadanos. Asimismo, precisó que el registro fue elaborado hasta el 15 de septiembre, fecha en la que se cerró tras una depuración diaria y otras acciones que permitieron pulir la base de datos. Entre estos, destacó por ejemplo, que se logró que 348 personas mayores de 100 años ratifiquen su existencia. También, se determinaron 85.885 cédulas expiradas.
Diego Tello se sumó al rechazo a las denuncias infundadas realizadas por determinados personajes. Expresó que estas tienen como propósito desacreditar los esfuerzos que ha realizado el CNE para garantizar la transparencia de los comicios que se realizarán el próximo 19 de febrero. «Como Consejo Nacional Electoral rechazamos de manera categórica y enfática, lo informado el día de ayer en una rueda de prensa. De manera irresponsable, el señor Marroquín presenta inconsistencias en el Registro Electoral», cuestionó.
Tello recordó que todos los procesos del CNE están abiertos a auditorías. En el caso de la elaboración del Registro Electoral, participaron siete auditores de diferentes Organizaciones Políticas (OP) y lo hicieron en tres fases. La primera tuvo como propósito realizar la actualización del registro. La segunda, en cambio, iniciará en enero y consiste en la revisión de los padrones electorales impresos. Finalmente, en la tercera etapa, posterior a los comicios, las OP podrán revisar las imágenes del Padrón Electoral y verificar si una persona sufragó o no. Sobre este tema, Prieto aclaró que, durante la primera fase, se entregó la respuesta a las observaciones presentadas por las OP durante las auditorías al Registro Electoral, en las que ya se aclararon aspectos que hoy vuelven a la palestra mediante la desinformación.
En cuanto a la supuesta renuncia de este actor político a sus funciones de auditor acreditado por las organizaciones políticas ante el CNE, Tello aclaró que en realidad su propia organización política lo descalificó para que siga ejerciendo como veedor, mediante un oficio dirigido por César Montúfar, Presidente del Movimiento Concertación, al CNE, el pasado 14 de septiembre.
En cuanto a la denuncia presentada por actores políticos sobre personas que tienen una doble cédula de identidad, Prieto aclaró que el Art. 92 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDAC) establece las causas para invalidar una cédula de identidad: Por muerte de su titular debidamente inscrita en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación; por expiración del tiempo de vigencia del documento; por sentencia ejecutoriada emitida por autoridad competente; entre otras. Con base al detalle de la condición de cedulado de los registros mencionados, se obtuvo un total de 11.123 registros activos, que corresponden a menos de la mitad de los registros reportados, es decir, dichos casos mantienen una sola cédula con condición de ciudadano activo.
Con respecto a la asignación numérica de las cédulas de identidad, Prieto aclaró que el ex auditor no ha adjuntado ningún documento de respaldo que sustente las supuestas inconsistencias en este sentido. Además, manifestó que las especies de cédula de papel que se utilizaron hasta el año 2013, fueron destruidas.
Sobre la supuesta existencia de 200.439 registros de series anuladas, y que según Marroquín no debería constar en el Registro Electoral, Prieto explicó que la condición de anulación de un registro de identidad debe ser sustentada en una resolución administrativa o judicial emitida por autoridad competente, como establece el Art . 92 de la LOGIDAC.
En cuanto al listado de 11 personas que, según Marroquín estarían fallecidos y aún se mantienen en los activos del registro electoral, se aclaró que pese a la presunción y el conocimiento por parte de los representantes de las OP, de haber ocurrido el hecho del fallecimiento de estas personas, su defunción no ha sido oportunamente inscrita, de conformidad al Art. 67 de la LOGIDAC. Por esta razón, se motivó a los familiares y a las personas que han conocido de estos hechos que, como obligación civil, procedan a solicitar la inscripción de defunción como corresponde. «El único motivante para dar como fallecida a una persona es la inscripción de su defunción», enfatizó Prieto.
Finalmente, Diego Tello, mostró imágenes del Padrón Electoral de las Elecciones Generales y Seccionales de los años 2013 y 2014, respectivamente, en donde se verifica que las personas que forman parte de los casos denunciados, no sufragaron. También se presentaron testimonios de personas que, según las denuncias, su edad superaría los 100 años, y que, como se evidenció, esto no es cierto. Por su parte, el ingeniero Claudio Prieto reiteró que las inconsistencias son mínimas.
El Registro Electoral es el listado de las personas habilitadas para sufragar. Fue elaborado con base en la información certificada y documentada que entregó el Registro Civil, por tanto, es un registro administrativo. La casa certificadora Nemt fue la empresa auditora al proceso de Registro Electoral para la obtención de la Certificación ISO Electoral, otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al CNE.
