El viernes último la Fiscalía junto con los grupos especializados de la Policía ejecutaron cuatro operativos de allanamiento en tres domicilios y en la papelería Pani. Una de las viviendas está ubicada en Esmeraldas, las otras en Quito, provincia de Pichincha.
En estas incursiones no solo se incautaron bienes muebles e inmuebles, sino dinero en efectivo. En la casa de Marco C., de 60 años de edad, se incautaron $35.000 y 50.000 euros (montos aproximados); en la vivienda de Diego T., se decomisaron $ 13.000 y en la papelería Pani $ 200.000. En la vivienda de Eduardo V. se halló $7.000. Estas cantidades totalizan $ 305.000.
Beneficiado con depósitos
Para formular los cargos en contra de los tres detenidos el fiscal Franklin Bravo se refirió a una bien estructurada organización para delinquir, presuntamente integrada por los exfuncionarios de Petroecuador, Diego T.A., de 57, y Marco C.V., de 45, así como José Luis O.S. y Eduardo V.R.
Según Bravo, el procesado Álex B. a través de su empresa Offshore Girbra depositó $ 400.000 en las cuentas de otra firma Offshore, Kilkenny Busines S.A., de Marco C.
Este depósito tenía como fin continuar con el contrato ‘Servicio de Transporte, embalaje, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de residuos peligrosos de sosa cáustica gastada y dietanolamina’, basura tóxica almacenada en la refinería de Esmeraldas, por la compañía Galileo Energy S.A., que compareció en calidad de representante de las empresas Veolia Environmental Services UK Ltd. Veolia Es, constituida al amparo de leyes de Reino Unido.
Fueron dos depósitos, indica el funcionario del Ministerio Público, el primero fue de $ 100.000 el 3 de octubre de 2014 y el segundo fue de $ 300.000, el 17 de noviembre de ese mismo año.
La Fiscalía también explicó que la presunta participación del procesado Diego T. en el caso de la refinería de Esmeraldas, se contextualiza en que se beneficiaba de las coimas que pedía a los contratistas y recibía dinero de otros funcionarios públicos, conforme lo confesó.
En cuanto al imputado Eduardo V.R., sustentó que él suscribió contratos en Petroecuador y le entregaba dinero al procesado Diego T., porque este le informaba de los contratos.
Elementos de convicción
El fiscal Bravo sustentó su argumento con documentación, por ejemplo con documento de transferencia de $ 100.000 empresa Girbra; documento de transferencia de $300.000; contrato complementario de servicios suscrito por Diego T.A. a favor de la empresa Galileo Energy; memorando del señor Diego T. de certificación presupuestaria.
También presentó un contrato suscrito por la compañía Romanti, gerente Eduardo V.R (Carlos P.Y. y Eduardo V.); contrato de la empresa Promanti firmado con Carlos P.Y.; contrato suscrito por el señor Carlos Pareja y Eduardo Valderrama; versiones de los procesados, entre otros elementos.
Según el fiscal, “se tiene dinero en efectivo encontrado en los tres domicilios y en la papelería Pani, que asciende a $ 400.000, conforme consta en los partes policiales”.
La Fiscalía tiene 90 días para ampliar la investigación de esta nueva causa de delincuencia organizada, delito que está tipificado en el el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que lo sanciona con una pena de 7 a 10 años de privación de libertad.
Dentro de esta nueva causa, la jueza Tania Molina dispuso el bloqueo de las cuentas bancarias.
Enriquecimiento ilícito
El 11 de mayo la Fiscalía inició una investigación previa sobre los presuntos actos de corrupción en relación con la Refinería Esmeraldas. Cinco días después se detuvo a Álex B., quien fue procesado por presunto tráfico de influencias, ante la denuncia de Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador.
Pero el 10 de agosto, con base en un informe de indicios de responsabilidad penal enviado por la Contraloría General del Estado, se reformularon los cargos contra Álex B. por enriquecimiento ilícito, delito sancionado con una pena de entre 7 y 10 años de privación de libertad.
Para el jueves 10 de noviembre estuvo convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Sin embargo la jueza decidió cambiarla para el 31 de enero de 2017, por lo que la Fiscalía ya solicitó que la diligencia se señale para los próximos días.
18 imputados por cohecho
Un total de 18 personas están procesadas por presunto cohecho. Esta causa se abrió el 17 de agosto de 2016, con la formulación de cargos contra Javier B. Ese día quedó con prisión preventiva.
Este caso se fortaleció con la asistencia penal internacional de Panamá, que reveló información importante, la cual permitió, el 21 de octubre, vincular a otras 17 personas. Entre ellas, Carlos P.Y. y Álex B. La indagación continúa.
