Según explicó Carlos Viteri, presidente de la Comisión de Biodiversidad, el Código será “una herramienta para ejercer derechos y una efectiva participación ciudadana en la gestión ambiental”. Dentro de las modificaciones hechas al texto se amplió el alcance del principio de “in dubio pro natura”, que es un principio de precaución a favor de los recursos naturales.
También se incorporó la facultad de la Autoridad Nacional Ambiental para redelimitar o cambiar la categoría de las áreas protegidas, cuando no cumplen sus funciones biológicas y ambientales. La normativa ratifica de forma íntegra el mandato popular de la consulta de 2011 sobre los espectáculos públicos con animales reafirmando que la regulación final les corresponde a los Municipios.
También se prohíbe la cacería deportiva y se dispone la obligación de regulación por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a la pelea de gallos, rodeo montubio y toros de pueblo.
