La legisladora aseveró que, además de recibir quejas y denuncias, ha sufrido en carne propia la exclusión y discriminación laboral. Dijo que la Constitución prohíbe estas prácticas y que se debe ir creando leyes que sintonicen con estos mandatos. Aseveró que el 65% de los ecuatorianos admite la existencia del racismo y el 10% asume la responsabilidad directa. En este porcentaje el 71% corresponde a los indígenas. En cuanto a la discriminación laboral informó que hacia los indígenas es del 10% y hacia los afroecuatorianos el 7,3%.
Recordó además que el Ejecutivo ha expedido el Decreto 60 que determina que “en todas las instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos, indígenas y montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su población”. Sin embargo, aseguró que es necesario una norma superior que obligue a las empresas que tengan más de 30 trabajadores a contratar un cierto número de empleados que sea equivalente a la proporción de estas poblaciones en cada provincia.
El decreto 60 es contundente, pero tenemos que darle más fuerza. Hay que analizar bien el proyecto para que no nos perdamos solo en el tema afrodescendiente, acotó la asambleísta Mary Verduga. Mientras Betty Carrillo señaló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puntualiza la importancia de eliminar la discriminación laboral y determina la igualdad en el empleo, Álex Guamán planteó la inquietud de que debió considerarse a los migrantes retornados.
Sin desmerecer los principios que motivaron la propuesta, la parlamentaria Cristina Reyes expresó que se debe analizar más allá de los temas cualitativos, los cuantitativos. Se está generalizando a todas las empresas y dónde queda el tema de los requerimientos y la libertad de contratación, consultó.
El delegado del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Almeida, acotó que este tema no debe limitarse exclusivamente a normativas y sobre todo a cuotas, sobre todo, por las dificultades y prácticas de la aplicación, porque puede darse asuntos como el de la autodefinición. Además explicó que la inclusión de cuotas necesita de un análisis muy preciso, no solo de los porcentajes, sino de las necesidades de las empresas y la capacitación y formación de las personas. Recordó que existe una norma que otorga dos puntos adicionales a quienes pertenecen a estos colectivos en los concursos para el ingreso al sector público.
María Isabel Cevallos, del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionales, presentó observaciones de forma y fondo. Pidió que en la ley se establezca un candado o un filtro en el momento de otorgar las cuotas, en vista de que se han comprobado casos de personas que se autoidentifican como de esos pueblos o nacionalidades y han participado en concursos de méritos y oposición.
A la comisión también acudió Iván Intriago, asesor de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP). Afirmó que la propuesta de que en la nómina de las empresas publicas se reserven cupos en porcentajes no menores a la proporción de estos pueblos que exista en las provincias causa dudas, sobre todo, de la aplicación en los cantones en donde ciertas empresas no tienen jurisdicción.
