El caso Petroecuador nace de denuncias planteadas por funcionarios del Gobierno, al encontrar irregularidades en los procesos contractuales, lo que permitió levantar una investigación profunda de todos los funcionarios y terceras personas, determinando la participación y responsabilidades. Cohecho, lavado de activos, desvío de recursos, entre otros, son algunos de los delitos imputas en el caso Petroecuador.
Tras varios meses de investigación se pudo determinar que la estructura estaría conformada por funcionarios de carrera, que conocían el funcionamiento de la Institución y la forma de protegerse, ya que los recursos eran desviados a varias instituciones registradas en paraísos fiscales, en una especie de telaraña.
En este mismo caso, el 25 de diciembre se realizaron varios allanamientos, en la ciudad de Guayaquil, dando como resultado una persona detenida identificada como Remigio W. y la incautación de algunos bienes. La Fiscalía General del Estado ha liderado las investigaciones mediante un trabajo sumamente minucioso con apoyo de la Policía Nacional, lo que ha permitido conocer la estructura de esta organización, aseguró Fuentes.
El titular del Ministerio del Interior señaló que al conocer la ubicación de Carlos P. C. y Carlos P. D. en Perú, se trasladó a ese país para solicitar la orden de expulsión correspondiente. Los ciudadanos habrían salido de forma irregular del país por vía terrestre, falsificando el sello de Migración para ingresar al vecino país. El Ministerio del Interior tomó acciones inmediatas como emisión de órdenes de detención, alerta roja a través del Interpol, cancelación de pasaportes y solicitud de revocatoria de las visas a través de las embajadas de Estados Unidos y varios países de Europa.
El Gobierno ecuatoriano agotará los recursos para el retorno de estas personas, ya que deben responder ante la autoridad competente, recalcó Diego Fuentes.
