La Ley de Amnistía e Indulto para las FARC es parte del acuerdo de paz entre el gobierno y esa guerrilla firmado de manera definitiva el pasado 24 de noviembre.
El principal partido de oposición, el Centro Democrático, se abstuvo en las votaciones.
En una votación antes en el día, la Cámara de Representantes lo aprobó con 121 votos a favor y 0 en contra.
Esta vez se utilizó el mecanismo de ‘fast track’ o vía rápida que permite aprobar leyes en solo dos sesiones de Cámara y Senado. El presidente Juan Manuel Santos tiene además facultades extraordinarias para expedir mediante decreto, en los próximos seis meses, los mecanismos que considere necesarios para implementar el acuerdo de paz con las FARC.
La ley beneficiará a unos 4.000 de guerrilleros de las FARC presos en cárceles del país y a gran parte de quienes están en proceso de entregar sus armas. La norma también aplicará para unos 1.500 miembros de la fuerza pública que pagan condenas por delitos menores, según cifras del Ministerio de Justicia.
En 1992 el Congreso de Colombia aprobó una ley de amnistía e indulto que benefició a los desmovilizados de la guerrilla del M-19. En esa ocasión se hizo mediante un trámite normal de más de un año tanto en la Cámara como en el Senado.
Críticas
Algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, como es el caso de Human Rigths Watch a través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, mostraron su preocupación por los supuestos beneficios que podrían tener tanto militares como guerrilleros acusados de delitos graves. Algunos congresistas consideran que no hay lugar para la impunidad.
Sectores de la oposición sostienen que el Congreso ha sentado un grave precedente para quienes buscan obtener beneficios judiciales aún habiendo pertenecido a grupos que han sido considerados como terroristas o que buscan acercamientos de paz con el gobierno como en el caso de la guerrilla del ELN.
