El Plan Legislativo de esta administración se propuso 16 ejes de acción, de los cuales 15 se han cumplido a cabalidad y 1 está en proceso de aprobación, es decir, un nivel de cumplimiento de alrededor del 90%. El 100% se cumplirá hasta mayo de 2017, cuando se termine la gestión.
Entre los pilares que se planteó se encuentran la seguridad ciudadana, desarrollo rural, relaciones laborales, ordenamiento territorial, función de transparencia y control social, sector eléctrico y de telecomunicaciones, economía del conocimiento, ambiente, seguridad social, monetaria y financiera, integral penal, comunicación, cultura, consejos nacionales para la igualdad, recursos hídricos y movilidad humana. En este último tema se encuentra listo el informe para segundo debate y se lo trataría en el pleno a inicios del 2017.
La Asamblea Nacional, representada por varios sectores como el de mujeres (43%), jóvenes (23%), indígenas, afroecuatorianos, montuvios, migrantes, ha aportado al país con 59 leyes, que contribuyen a la consolidación del Buen Vivir.
En fiscalización se han receptado 5.260 solicitudes de información, de diferentes asambleístas, movimientos o partidos políticos. De estos se han generado 4.620 respuestas.
Pero además de estos resultados, la Asamblea Nacional se ha consolidado en un referente institucional, en una plataforma de estabilidad democrática y de expansión de derechos. La diversidad de su representatividad, la profundización de cambios que respondan a las necesidades del pueblo, el fomento de la participación ciudadana, la promoción de espacios de diálogo, la intervención en espacios interparlamentarios del mundo y la promoción de la comunicación participativa e incluyente, son algunos elementos que permitieron esos logros.
El fomento de la democracia y la participación ciudadana de este período se generó a través de socializaciones de proyectos y leyes, consultas prelegislativas y audiencias en comisiones, entre otros mecanismos, a través de los cuales participaron 499.087 ciudadanos y ciudadanas.
Además, promovió el Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social. Este proceso permitió estrechar lazos con la sociedad y atender demandas, como los pedidos de eficiencia del Estado; acceso, calidad y calidez de los servicios públicos; y, reformas a algunas normativas.
Con los medios legislativos, La Radio y la Televisión Legislativa, impulsa una comunicación participativa e incluyente. Sus programas informativos y de opinión se encuentran entre los 10 primeros del país.
En el ámbito internacional, asambleístas de nuestro país fueron designados en dignidades relevantes en Parlaméricas; Parlatino, del que Gabriela Rivadeneira fue presidenta; Frente Parlamentario contra el Hambre; Grupo Parlamentario Interamericano Tránsito Amaguaña; y, la Unión Interparlamentaria. Al mismo tiempo, cientos de legisladores de todo el mundo debatieron en Ecuador sobre género, medio ambiente, paz mundial, ordenamiento territorial, educación, entre otras temáticas.
Todo este trabajo ha permitido que la Asamblea Nacional tenga en promedio un nivel de confianza del 44.45%, cuando el promedio de aceptación entre el 2003-2007 era del 8% y del 2009-2011 del 31.93%, según la encuesta de opinión Latinobarómetro.
El Parlamento se ha constituido como referente de transparencia a nivel regional. El Índice Latinoamericano de Transparencia señala que Ecuador, con el 49%, se encuentra en tercer lugar, después de Perú, 55%, y Chile, 53%. El promedio de América Latina es del 40%. Asimismo, es un ejemplo en el mundo sobre la participación femenina, que alcanza en nuestro país el 42%, mientras que la media del planeta es del 22% y de la región del 26%. Sin embargo, esta Función del Estado, cree que lo que se ha logrado hasta el momento no es suficiente. Ahora se plantea tener una visión autocrítica, un pacto social por el empleo y la producción, un proyecto nacional de desarrollo y un profundo cambio cultural.
El mandato de Gabriela Rivadeneira se ha caracterizado por ser de puertas abiertas, ciudadano, coherente con sus valores y principios, así como por una labor que busca un Ecuador de equidad y justicia social.
Leyes promulgadas en 2016
- Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación .
- Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
- Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica.
- Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para Varios Sectores Productivos e Interpretativa del Artículo 547 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
- Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
- Ley Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto a la Renta sobre Ingresos Provenientes de Herencias, Legados y Donaciones.
- Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
- Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo.
- Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016.
- Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.
- Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas
- Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo.
- Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
- Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.
Adicionalmente la Asamblea Nacional aprobó otros cinco cuerpos normativos: Ley de Cultura y reformas a la Ley Notarial, cuyas objeciones fueron resueltas y están por publicarse en el Registro Oficial; y, el Código del Ambiente, el proyecto de Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos y el poyecto de Ley de Extinción de las Universidades cerradas por el CEAACES, que se encuentran en análisis en la Presidencia de la República para la sanción u objeción de parte del primer mandatario.
