El proceso determinado incluye varias fases, entre ellas: elaboración del informe de rendición de cuentas; deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas; y la presentación del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Para las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; los medios de comunicación; y, las instituciones de educación superior se establece el siguiente cronograma: elaboración del informe de rendición de cuentas y organización del proceso (enero); deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas en sus territorios de las instituciones que manejen fondos públicos y Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) de todas las funciones del Estado (abril); y Deliberación pública con la ciudadanía del informe de rendición de cuentas, por las máximas autoridades de las instituciones (mayo).
Mientras que para los gobiernos autónomos descentralizados y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados, se establece el siguiente plan: planificación y facilitación del proceso de rendición de cuentas por la asamblea ciudadana (marzo); evaluación de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas (abril); deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas (mayo).
El Cpccs informó que la presentación de los informes de rendición de cuentas se realizará en el plazo de 30 días posteriores a la última deliberación pública con la ciudadanía del informe de rendición de cuentas por parte de las funciones del Estado, medios de comunicación, y las instituciones de educación superior; y, de la última deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas por parte de los gobiernos autónomos descentralizados y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados.
Además señaló que las deliberaciones públicas deben ser inclusivas e incluyentes, en horarios que faciliten la participación ciudadana, observando el principio de austeridad, por tanto evitando gastos en movilización, alimentación hospedaje y prácticas de proselitismo.