El poderoso líder del cártel de Sinaloa es requerido en Estados Unidos por dos cortes, una en Texas y otra en California -donde la pena de muerte es vigente- por los delitos de homicidio y narcotráfico.
Por estos cargos, la Cancillería mexicana ya había avalado en mayo del año pasado la extradición de Guzmán. Pero Estados Unidos «solicitó consentimiento para juzgarlo por delitos adicionales» en virtud de un proceso abierto ante una corte federal del Distrito Este de Nueva York, y «otorgó garantías suficientes respecto de que no impondrá la pena de muerte, o de que en caso de ser impuesta, ésta no será ejecutada al extraditardo», explicó este viernes la cartera de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Así, el gobierno mexicano «otorgó el consentimiento solicitado», añadió. El narcotraficante tendrá que responder en los tribunales de Nueva York por 17 presuntos delitos y de ser declarado culpable puede ser condenado a cadena perpetua, informaron fuentes oficiales.
Autoridades fiscales anunciaron en una rueda de prensa que aunque ‘El Chapo’ era perseguido por la justicia de 7 estados, la acusación formal será llevada en conjunto por fiscalías federales de Nueva York y de Miami.
‘El Chapo’ es el jefe del cartel de Sinaloa, que los fiscales estadounidenses afirman que es responsable de la distribución de cientos de toneladas de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos, ganando miles de millones de dólares.
El día de hoy marca un hito en nuestra persecución de ‘El Chapo’ Guzmán», dijo el fiscal Robert Capers en rueda de prensa. El departamento de Justicia expresó su «gratitud» al gobierno mexicano por su «cooperación y asistencia» al entregar a Guzmán a la justicia estadounidense. Pero Silvia Delgado, abogada del capo en Ciudad Juárez, dijo a la televisora Milenio que no fueron notificados de la extradición y que conocieron la noticia por los medios.
Añadió que el procedimiento era ilegal «porque aún no se resuelve el recurso pendiente de revisión». La abogada explicó que Guzmán le pidió la mañana del jueves que enviara una carta al presidente Enrique Peña Nieto para denunciar «toda la violación a sus derechos humanos».
La defensa del líder del cártel de Sinaloa alegó para evitar la extradición que la justicia de Texas podría condenarlo a la pena de muerte, lo que iría en contra del tratado de extradición entre ambos países, pues en México se abolió la pena capital.
El juez a cargo del caso desestimó el argumento, mientras que la Suprema Corte rechazó el jueves estudiar su caso. La extradición cumple «las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado bilateral y demás disposiciones legales vigentes para su emisión», sostuvo la Cancillería mexicana en el comunicado.
