Pedro S. fue acusado por la Fiscalía como cómplice de lavado de activos dentro de la investigación “Escastell”, por hechos sucedidos entre el 2010 y 2013. En este caso se lavaron 14 millones de dólares y el fiscal del caso demostró que Pedro S. fue cómplice en el lavado de 9.7 millones de dólares.
El fallo fue anunciado por el juez ponente, Luis Fuentes, como decisión unánime del Tribunal al término de la audiencia de juicio por lavado de activos, la noche del 20 de enero de 2017, tras cuatro días de diligencia. También fue multado con el doble del monto del lavado, según determina la sentencia.
Pedro S., sin ninguna relación comercial que lo justifique, se benefició del dinero que lavaron Escastell y Prospemundo a través de exportaciones ficticias con sobrefacturación.
El origen de los más de 14 millones que lavaron estas dos empresas proviene del sobreprecio de procesadoras de alimentos y verduras que Escastell y Prospermundo comercializaron desde Ecuador a Venezuela, a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). El dinero que llegó al país, producto de esta venta con precios inflados, no pagó salida de capitales en Venezuela.
Para inflar los precios de los productos que exportaban desde Ecuador, Escastell y Prospermundo falsificaron facturas de empresas proveedoras legalmente constituidas en Guayaquil, llenándolas con la compra de productos que no adquirieron.
También utilizaron documentos del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) que captaron de pobladores de sectores económicamente vulnerables, como Flor de Bastión, en Guayaquil, a quienes entregaron 30 dólares mensuales a cambio de sus RISE en blanco “que luego los llenaban a su conveniencia para simular gastos”, dijo el fiscal Sánchez.
Con 47 testimonios de testigos y peritos, Ramiro Sánchez sustentó la acusación dentro de este proceso, que tiene 107 cuerpos procesales y 31 cajas de prueba documental.
Lavado de activos significa dar apariencia de lícito al dinero que proviene de actividades ilícitas.
Pedro S. fue detenido en España el 30 de diciembre de 2015 y extraditado desde ese país a Ecuador el 22 de julio de 2016 por solicitud de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado.
Dato
En julio del 2014 ya fueron sentenciados Byron E., como autor a cuatro años de privación de la libertad; además de Rosalín M. (se entregó voluntariamente) como cómplice a dos años y 8 meses, y Paola C., declarada culpable. En tanto tres personas que están llamadas a juicio todavía se encuentran prófugas.
