Esta diligencia fue instalada la mañana del lunes 23 de enero, en el Complejo Judicial de Cuenca, ante el Tribunal de Garantías Penales del Azuay.
Gustavo M., exgerente y expresidente del Consejo de Vigilancia, y Gine G., exsecretaria, tienen orden de prisión pero se encuentran prófugos y son juzgados en ausencia, debido a que el tipo penal lo permite.
Mientras que Mónica P., exgerente; Hilda M., exgerente y expresidente del Consejo de Administración; y Catalina Ch., excontadora, comparecieron a la audiencia. Ellos están con medidas sustitutivas de presentación periódica y prohibición de salida del país.
En la presentación de la teoría del caso, el fiscal Paúl Vásquez expuso que el mal manejo del dinero de Coopea le ocasionó un perjuicio económico de alrededor de 840.000 dólares, entre 2005 y 2012.
Dentro de la mala administración de Coopea está la entrega de créditos de forma irregular, puesto que en algunos casos como garantía se aceptaban cheques posfechados, lo cual es ilegal, o los pagarés eran firmados en blanco. Además, desaparecían los registros de los deudores.
En Coopea el sistema contable fue manejado de manera anti técnica, debido a que varios empleados utilizaron las claves sin control, durante varios años, dijo el fiscal Vásquez.
Los fondos fueron desviados a través de depósitos y transferencias a una empresa que brindaba el servicio de mantenimiento y limpieza a Coopea y de la cual su gerente también era Gustavo M.
El fiscal Vásquez también aseveró que varios de los procesados tienen un incremento en su patrimonio que no guarda relación con sus ingresos.
Por la iliquidez de Coopea no se pudo devolver el dinero a los socios. Además también se perjudicó a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, a quienes a cambio se les entregaba víveres y otros productos.
El fiscal presentó como pruebas el informe pericial contable realizado por un perito de la Fiscalía, el informe de auditoría de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, el acta de reunión extraordinaria de los consejos de administración y vigilancia, copias de los balances y estados financieros de la cooperativa, informe pericial de audio y video, que contiene el detalle de los depósitos realizados, entre otros.
Datos:
Este caso es juzgado con el Código Penal anterior, vigente a la fecha del cometimiento del delito, en su artículo 257 sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de 8 a 12 años.
La cooperativa Coopea, con alrededor de 7.800 socios, tenía la matriz en Cuenca y sucursales en los cantones azuayos: Pucará, Camilo Ponce Enríquez y Santa Isabel; y en Pasaje y El Guabo, de la provincia de El Oro. Cerró sus puertas a inicios de 2013.
