A nivel mundial, señaló que de acuerdo con el investigador francés Gabriel Zucman, en los paraísos fiscales se oculta, como mínimo, 6,7 billones de dólares, que suponen un robo a los estados de todo el mundo de unos 145.760 millones de dólares en impuestos. Asimismo, aseveró que según el Fondo Monetario Internacional los territorios calificados como paraísos fiscales acumulan un cuarto de la riqueza privada de todo el mundo.
Aseguró que con estas prácticas los países se perjudican en sus políticas de recaudación fiscal y de redistribución de recursos para garantizar derechos, así como brindar bienes y servicios públicos. “Los paraísos fiscales facilitan la concentración de la riqueza y ahondan la desigualdad. Se calcula que por lo menos 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si no se evadieran impuestos”, enfatizó.
En el caso de Ecuador explicó que de los 87 territorios, países y jurisdicciones considerados por el SRI como paraísos fiscales, 37 son los preferidos por las sociedades ecuatorianas y que se calcula la constitución de alrededor de 1.850 empresas offshore, 125 intermediarios y 900 presuntos clientes. Manifestó que un reporte de Tax Justice Network (TJN) indica que las personas más ricas del Ecuador multiplicaron sus beneficios en los paraísos fiscales, en un 205% por encima de lo que había fugado de sus países.
Refirió que en el estudio de TJN se determinó que el flujo de dinero no registrado, que va hasta los paraísos fiscales, es por intermediación de grandes bancos internacionales. Indicó que de acuerdo con el documento si se hubiera gravado con un 30% la renta, de aproximadamente 3% anual, de 21 billones de dólares no declarados entre 2000 y 2008, los estados del mundo hubiesen recaudado impuestos entre 190.000 y 280.000 millones de dólares. En el caso de Latinoamérica podría haber recolectado por lo menos 9.000 millones de dólares, explicó la asambleísta.
A la parlamentaria, integrante de las comisiones de Fiscalización y de Justicia, le preocupa que al no existir suficiente transparencia del origen y uso de ese dinero se pueden esconder el financiamiento y aprovechamiento de actividades delictivas como el terrorismo, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, por lo que los Estados deben legislar para que empresas y personas naturales transparenten sus relaciones económicas, ingresos e inversiones.
Al mismo tiempo, precisó que nuestro país desde el 2007 “se ha esforzado con normativas administrativas y legislación especializada para dificultar la posesión de compañías o realizar inversiones en un paraíso fiscal, sin pagar impuestos”. Además, dijo que Ecuador ha firmado tres tratados fiscales bilaterales, con Corea, China y Uruguay, a fin evitar el pago de impuestos dobles o permitir la elusión o evasión tributaria.
Afirmó que las reformas legales en los últimos nueve años han creado unidades de investigación de lavado de activo; de transparencia para que las declaraciones patrimoniales juramentadas sean públicas; se establecieron penas fuertes en delitos que afecta la administración del Estado y que afecten sus recursos; legislación financiera para generar mayor confianza en el sistema financiero público y privado; legislación para el incentivo productivo en el sector empresarial y en el sector popular y solidario, entre otras normas.
Resaltó que en su función de asambleísta y como ciudadana luchará contra la corrupción y que las empresas offshore en paraísos fiscales son una de las principales formas de corrupción.
