Tras la divulgación de ese anuncio, que no fue acompañado de mayores detalles, la oposición ecuatoriana y ciertos medios de comunicación se enfrascaron en ataques contra el Gobierno haciendo presumir el posible involucramiento en el cobro de sobornos por parte de la empresa brasileña.
A petición del fiscal Robert Capers del Distrito Este de Nueva York y a través de Julia Nestor de la Fiscalía General de Estados Unidos, el juez Raymond Dearie levantó la confidencialidad que guardaba el expediente Odebrecht.
Todos los documentos desclasificados se encuentran en el sistema “PACER” donde se ubican los ECF (Electronic Case Files), de acceso exclusivo a los abogados registrados en EEUU y a los cuales la redacción de Dato Certero tuvo acceso.
Después de la revisión a los documentos se evidencian detalles del modus operandi de la constructora Odebrecht y la lista de empleados y funcionarios públicos brasileños involucrados en el caso.
No obstante, la supuesta lista de funcionarios ecuatorianos presuntamente implicados en el caso, no consta en los documentos que tenía bajo reserva la justicia norteamericana.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo este miércoles que las denuncias contra funcionarios de su gobierno relacionados con supuestos casos de corrupción con la firma brasileña Odebrecht son «distorsiones» de la campaña electoral en su país.
«Son las distorsiones que siempre existen en periodo electoral», afirmó el mandatario durante el gabinete binacional con Colombia que se celebra en Guayaquil.
Correa, que declinó presentarse a los comicios presidenciales del domingo, sostuvo que en Ecuador hay políticas de «tolerancia cero» contra la corrupción, aunque reconoció que ello no significa que pueda haber algunos funcionarios deshonestos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en diciembre pasado que Odebrecht pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios de Ecuador, en una trama de sobornos que afectó a varios países latinoamericanos.
Mientras la Fiscalía adelanta acciones para investigar el caso, el presidente Correa ha señalado que no acpetará acusaciones sin pruebas.
El presidente expulsó a la constructora brasileña en 2008 por irregularidades en la construcción de una hidroeléctrica. Tras un acuerdo, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador, donde la justicia prohibió hacer contratos con esa firma mientras se indagan los presuntos sobornos.
