Los ocho jueces de la corte aprobaron por unanimidad la decisión adoptada por el Parlamento el pasado 9 de diciembre para cesar de su cargo a Park Geun-hye, que llegó al poder en febrero de 2013 y a la que le restaba casi un año de mandato.
La sentencia, televisada en directo por las principales cadenas nacionales, estableció que Park vulneró la Carta Magna al permitir a su amiga Choi Soon-sil, conocida como la «Rasputina», entrometerse en asuntos de Estado y al confabularse con ella para extorsionar fondos a grandes empresas, entre ellas Samsung, la mayor del país.
La propia Choi, de 60 años, pidió perdón a través de su abogada al pueblo coreano y a Park Geun-hye a raíz de la destitución, aunque volvió a negar los cargos que se le imputan.
Unas 30 personas están siendo ya procesadas a raíz de la investigación abierta desde que el escándalo salió a la luz el pasado otoño, entre ellas Choi y Lee Jae-yong, presidente de facto de Samsung al que se acusa de donar dinero a la «Rasputina» a cambio de recibir favores del Gobierno.
Aunque no consideró que fuera motivo para su destitución, la máxima instancia judicial del país también creyó probado que Park, de 65 años, desatendió sus obligaciones como jefa de Estado durante el hundimiento en abril de 2014 del ferri Sewol que dejó más de 300 muertos, la mayoría estudiantes de secundaria.
Con la destitución, Park, a la que la fiscalía considera sospechosa en el caso, queda despojada de su inmunidad y Corea del Sur está obligada a celebrar elecciones presidenciales en un plazo inferior a 60 días, lapso durante el cual el exprimer ministro Hwang Kyo-ahn seguirá ejerciendo como presidente en funciones.
La mayoría de los expertos apuntan a que los comicios presidenciales, donde el favorito para imponerse es el candidato liberal Moon Jae-in, seguramente se celebren el martes 9 de mayo.
La decisión de hoy implica la primera destitución de un jefe de Estado y el primer adelanto de los comicios presidenciales en Corea del Sur desde que el país volvió a celebrar elecciones democráticas en 1987 tras el mandato de dos juntas militares (una de las cuales lideró el general Park Chung-hee, padre de la ya expresidenta).
«Las vulneraciones de la Constitución y la ley por parte de la presidenta implican traicionar la confianza del pueblo y son acciones graves que no pueden ser toleradas», dijo la presidenta del Constitucional, Lee Jung-mi, al leer el veredicto.
Aunque según las encuestas la mayoría de surcoreanos se mostraban mayoritariamente a favor del cese de Park, sus seguidores han protestado enérgicamente en las calles en el último mes y hoy recibieron entre tristes y enfurecidos la sentencia en Seúl.
Algunos de los miles de congregados ante el Constitucional y la avenida Sejong rompieron a llorar, mientras otros, armados con palos, se enfrentaron a efectivos de seguridad, de los cuales hoy se han desplegado más de 21.000 en el centro de la capital.
Los violentos choques entre los simpatizantes de Park -de los que muchos se declaran nostálgicos de los tiempos de la dictadura de su padre- y las fuerzas de seguridad se han saldado al menos con dos muertos y un número aún sin confirmar de heridos, dos de los cuales se encuentran en estado crítico, según la policía.
Por su parte, un portavoz de la oficina presidencial dijo que la expresidenta no comparecerá en público y que permanecerá por el momento en la Casa Azul (la residencia del jefe de Estado surcoreano).
A su vez el presidente en funciones Hwang ofreció una rueda de prensa en la que instó al pueblo surcoreano a aceptar el veredicto y a dejar de lado el ambiente de fractura que se está presenciando en las calles de la capital, donde hay prevista en las próximas horas una manifestación anti-Park que podría deparar nuevos choques. E
