El análisis, denominado «Del Dicho al Hecho», indica que el mandato de Bachelet muestra un avance del 48 % de cumplimiento de sus propuestas de Gobierno, cifrando en 2,5 (en una escala de 1 a 4) la coherencia entre las promesas legislativas y los proyectos de ley efectivamente enviados al Congreso.
Ambas cifras son superiores al mismo periodo del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), quien en su tercer año alcanzó un 37 % en el cumplimiento de sus promesas legislativas, con una cifra de 2,3 de coherencia.
A diferencia de lo que ocurre en el segundo mandato presidencial de Bachelet, Piñera careció de mayoría absoluta parlamentaria.
El estudio indica que las áreas en que más ha avanzado el actual Gobierno son energía, con un 95 % de cumplimiento; educación (73 %) y equidad de género (68 %).
En tanto, las que presentan un menor grado de cumplimiento son transporte y telecomunicaciones, con un 8 %; defensa (23 %) y agricultura e infancia y jóvenes, ambas con un 20 %.
El coordinador legislativo de fundación Ciudadano Inteligente, Octavio del Fávero, señaló que el gobierno de Michelle Bachelet ha mostrado avances importantes en comparación a la administración anterior, pero consideró que éstos siguen siendo mínimos respecto a lo efectivamente prometido.
«Cumplir con cerca de la mitad de lo que se comprometió no es suficiente desde la perspectiva ciudadana», señaló Del Fávero, para quien «hay promesas muy sentidas por la ciudadanía que no tienen un avance o se encuentran estancadas y excluidas de las prioridades del Gobierno».
Entre estas citó la ley de identidad de género, las reformas legislativas de las Isapres (sistema de salud privado) y las AFP’s (sistema de pensiones privado), (la derogación de) la ley reservada del cobre (que financia extrapresupuestariamente las Fuerzas Armadas) y la nueva Constitución».
A raíz de la publicación de este informe, la directora de política educativa de la organización no gubernamental (ONG) Educación 2020, Nicole Cisternas, hizo una «evaluación regular de los avances en esta materia.
«Destacamos cambios históricos, como la carrera docente y la ley de inclusión, que busca eliminar la vergonzosa segregación, pero aun así el cumplimiento es parcial», dijo la portavoz.
«Falta aprobar la nueva (ley de) educación pública y la reforma a la educación superior. El Gobierno también ha tenido dificultades para guiar el trabajo legislativo, lo que retrasa las reformas. Y por último, le ha costado comunicar la reforma y sintonizar con la ciudadanía», sostuvo Cisternas.
Por su parte, Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de la fundación Iguales, que promueve la igualdad de derechos de las minorías sexuales, destacó «la voluntad en despachar rápidamente la Ley de Unión Civil, que fue aprobada por el Congreso a los diez meses de iniciado este Gobierno, algo que en tres años no hizo la administración anterior».
«Sin embargo, el proyecto de ley de identidad de género se mantiene en el mismo estado desde hace tres años, y aún no se presentan los proyectos de matrimonio igualitario y de reforma a la ley antidiscriminación», señaló el representante de Iguales.
«La sola presentación de proyectos no constituye políticas públicas», sino que «deben ir acompañados de las urgencias legislativas para que avancen en su tramitación y se conviertan pronto en ley», añadió.
La fundación Ciudadano Inteligente, una organización sin fines de lucro con sede en Santiago, tiene como objeto promover la transparencia, impulsar la rendición de cuentas y fortalecer la participación ciudadana.
El estudio «Del Dicho al Hecho» tiene como finalidad informar para otorgar poder a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y exigir el cumplimiento de las promesas realizadas por los representantes, así como fortalecer la capacidad de fiscalización y control de gestión, subrayó Ciudadano Inteligente.
