Este lunes 10 de abril, en rueda de prensa, la Unión de Operadoras de Transporte de Taxis de las Parroquias Rurales y el Frente Independiente de Compañias Legales de Pichincha ratificaron su apoyo al estudio que realiza el Municipio de Quito para medir la cobertura, demanda y calidad del servicio.

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En el año 2011, se creó la Ordenanza 0047, que en su artículo 21 exige que a partir del año 2016 se realice un estudio donde se mida la demanda, cobertura y calidad del servicio del taxismo formal en la ciudad. En función de aquello, el estudio determinará el número de vehículos que serán destinados a servicios de taxi en la ciudad.
Esta Ordenanza generó una expectativa de legalización de taxis, lo que produce un crecimiento en la informalidad, más aún, en época de crisis económica como la que vive nuestro país. El estudio técnico determinará una proyección a 15 años, lo que permitirá una nueva normativa que promueva  el orden del taxismo formal en la ciudad de forma definitiva.
Miguel Vega, representante de los Taxis Rurales, dijo que “rechazan la paralización de  taxis en la zona urbana de Quito ya que fueron utilizados políticamente en este momento de elecciones. Los taxistas parroquianos no reconocen a estos dirigentes y han  pedido sanción  ante la Federación Nacional de Taxis para declararles personas no gratas. Existen en la Capital 4 uniones jurídicas que tiene varios problemas y necesidades  y pidieron a la Federación Nacional de Taxis del Ecuador  sanción para los mencionados dirigentes por tomarse  atribuciones sin fundamentos y al no contar con la autorización de su matriz nacional.
Vega hizo un llamado a todos los concejales rurales para que ellos se involucren en este problema social  para que ayuden a las parroquias y que los taxis de la zona sean considerados en el proceso de regularización. En total las dos federaciones representan  a 2.500 socios.
Por primera vez profesionales de la Secretaría de Movilidad y Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desarrollan un censo para verificar las unidades que poseen en territorio. Esto no se realizó en el año 2.011 y dejaron sin servicios a algunos sectores estratégicos de la ciudad.
La  ley y la ordenanza 047 dice que se dé un estudio y un proceso de factibilidad. Esto concluirá a fin de mes y tendrán que regularizarse aquellas personas que cumplan todos los requisitos de la ordenanza municipal.
Ernesto Madrid,  asesor jurídico de los Taxistas Rurales, manifestó que lamenta que la Unión de Operadoras de Pichincha haya tomado esa decisión arbitraria, no coherente  con los otros agremiados y organizaciones. Lo que  se busca es trabajar en bien común y cubrir la demanda insatisfecha como es la el caso en los valles.  Por ejemplo, Amaguaña, La Merced , Checa, San José de Minas no tiene taxis, por lo tanto Univalles, ha creído conveniente  impulsar el estudio y regularizar su situación. No plegarán al paro porque es de carácter político.
Madrid explicó que “según indica la ordenanza 047 en la segunda fase de regularización se debe contemplar los nuevos procedimientos para regularizar a la gente que ha trabajado tiempo atrás, los que llaman históricos para que no pase lo mismo que en el 2011 se inscribieron 20.000, se crearon falsas expectativas  y  apenas se regularizaron 5.000. Ahora, solo por dar cifras de pronto ya no serán 20.000 sino 40.000, si el estudio dice que de pronto hay cupo solo para 3.000 que va  pasar con el resto”.
Fabián Benalcázar, del Frente de Compañías Independientes del Sur, informó que tampoco apoyarán al paro, se requiere que termine el proceso de inspección que el Municipio realiza y que concluya los estudios.