La obra, de más de 8 mil metros cuadrados, contó con una inversión de $ 11,9 millones. También funciona una Unidad de Flagrancias para atender a más de un millón de habitantes de 20 parroquias de Quito.
El centro atenderá casos en materia de contravenciones penales y de tránsito, civil, laboral, constitucional, de la Familia, Niñez y adolescencia; violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar.
En su discurso el presidente Correa señaló que recibió un país destrozado y sin justicia, con infraestructura inadecuada e inexistente. Añadió que la corrupción era «generalizada, tolerada y evidente».
Indicó que existían causas represadas e indefensión y que por ello se convocó a una consulta popular en 2011. «Ecuador es el único país que ha transformado la justicia por mandato popular».
Entre los logros destacó que ahora el país cuenta con un verdadero sistema de rehabilitación social. También mencionó la celeridad en el despacho de las causas y el número de jueces que se incrementó.
En 2008, por ejemplo, se registraron más de 2.000 casos de caducidad de la prisión preventiva, «en que potenciales delincuentes salieron en libertad». En 2016 se registraron tan solo 11 casos.
Las causas represadas en 2008 llegaron a más de 242 mil, mientras que desde el 2014 todas las causas que ingresan son evacuadas.
En octubre 2013 la mediación permitió resolver 83 mil causas sin necesidad de juicio, agregó el mandatario.
También destacó que el sistema de videoaudiencias ha evitado que 18 mil personas privadas de libertad sean trasladadas para comparecer en audiencias presenciales, lo que se traduce en mayor seguridad y ha significado un ahorro de $ 4 millones en gastos de movilización y custodia.
Correa explicó que en general las reformas al sistema judicial han permitido ahorrar al Estado hasta hoy $ 254 millones, lo que se traduce además en más eficiencia en la administración de justicia. «No solo que nuestra gente tiene mejor justicia, sino que estamos ahorrando centenas de millones por año».
Al evento de inauguración asistieron Marco Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Pichincha; Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura; Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia; Ledy Zuñiga, ministra de Justicia, y César Navas, ministro Coordinador de Seguridad.
