Es el fallo de los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Loja emitido por escrito el jueves 27 de abril. También ordenaron que los tres hijos menores de edad y la mamá de la víctima reciban atención psicológica.
Además que el Ministerio de Inclusión Económica y Social de Loja (MIES) se encargue de que los hijos continúen con sus estudios y puedan realizar su proyecto de vida. Adicional a esto el sentenciado deberá pagar 219.600 dólares, como reparación integral a los hijos y a la mamá de la víctima.
Laura R., de 25 años, mantuvo un encuentro con el sentenciado el 29 de junio del 2016, en un sector despoblado del barrio El Tundo, ubicado en el cantón Sozoranga, provincia de Loja. Luego el sentenciando estranguló a la mujer, provocándole la muerte.
Seis días después, un familiar de la víctima encontró su cuerpo dentro de una alcantarilla situada en la vía pública en este mismo sector. Inmediatamente la Fiscalía conoció el hecho y, luego de realizar algunas diligencias investigativas, efectuó un allanamiento al domicilio del sentenciado donde fue detenido. En este inmueble se encontró el celular de Laura R.
Estos hechos fueron expuestos por el fiscal a cargo de la investigación, Fernando Eras, en la audiencia de juicio, desarrollada entre el 12 y 13 de abril del 2017.
En esta diligencia, el fiscal Eras basó su acusación con 10 testigos, 5 pruebas documentales y como prueba material, los teléfonos celulares de la víctima y el sentenciado, además de residuos de papel higiénico, recogidos cerca del lugar de los hechos.
Una pericia de triangulación de llamadas telefónicas fue presentado por un técnico informático de la Dinased, de la Policía, y sirvió para comprobar que la víctima mantuvo comunicación con el sentenciado, minutos antes de su muerte, cerca del lugar de la escena del crimen.
Los perfiles genéticos de la víctima y del sentenciado fueron encontrados en los residuos de papel higiénico, que fueron utilizados por los dos luego de mantener relaciones sexuales, según expuso un perito de genética forense de Criminalística de Quito, quien realizo una pericia de ADN.
La Fiscalía también presentó los testimonios de la hija de la víctima y de sus familiares, quienes declararon que ella mantenía una relación sentimental con el sentenciado, quien la maltrataba física, psicológica y sexualmente.
Marlo L. fue sentenciado de acuerdo al artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el femicidio con privación de libertad de 22 a 26 años.
