Entre las propuestas receptadas están las del exasambleísta Henry Llanes, quien planteó derogar el último inciso del artículo 581 relacionado con las formas de conocer la infracción penal. También consta el proyecto impulsado por la exasambleísta María Soledad Vela, sobre los mecanismos de reparación integral, vigilancia y control.
La exlegisladora Verónica Rodríguez planteó en su proyecto, incluir un párrafo sobre el empleo de mercenarios a continuación del artículo 127 sobre el reclutamiento de niños, y adolescentes.
Propuestas del Defensor Público
El defensor público, Ernesto Pazmiño, entregó sus reformas con cuatro cambios fundamentales:La primera, proporcionalizar las penas en delitos pequeños, como por ejemplo, el hurto y robo que tienen sanciones más graves que el delito de enriquecimiento ilícito y peculado.
En segundo lugar plantea la lucha efectiva contra la corrupción, eliminando el requisito de procedibilidad que es un candado para perseguir los delitos contra la administración pública, explicó.
El tercero trata sobre la despenalización del aborto cuando el embarazo es fruto de una violación. Y, el cuarto, legitimar el uso del cannabis y de la marihuana para fines medicinales.“Estas reformas van a modernizar aún más el COIP y permitirán una justicia más eficiente en lo penal”.
El 22 de marzo de 2016, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, presentó en la Asamblea un proyecto de ocho puntos, que se refieren a la violencia psicológica contra la mujer o familia; lesiones; prescripción de las contravenciones; vigilancia y control de la ejecución de la pena; efecto del recurso de apelación en las contravenciones; rebaja de la pena; conversión de procedimiento directo a procedimiento abreviado; y, conciliación.
Además, la Fiscalía General del Estado y la Función Ejecutiva plantearon observaciones y propuestas de reformas, las cuales ya fueron analizadas.
Corte Constitucional da plazo
En sentencia aprobada el 27 de abril, la Corte Constitucional (CC) otorgó un año a la Asamblea para ‘instrumentalizar’ una ‘omisión’ que cometió en el COIP al regular los delitos de violencia contra la mujer y otros sectores que requieren ‘mayor protección’.
La CC determinó que el Legislativo omitió en la normativa la disposición contenida en el artículo 81 de la Constitución sobre que la ley debe establecer ‘procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción’ de delitos de violencia intrafamiliar, sexual y crímenes de odio y los cometidos contra niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Por eso dispuso a la Asamblea que ‘instrumentalice en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente resolución un procedimiento unificado, especial y expedito’ para tales casos.
Una de las prioridades
La nueva presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, admitió que las reformas al COIP, son una de las prioridades de los nuevos comisionados.
Tras señalar que toda norma es perfectible, el exvocal del Consejo de la Judicatura de Transición, Fernando Yávar, afirmó que la comisión legislativa tiene un arduo trabajo, no solo por ver qué falta de la ley, sino cómo hacerla más efectiva. “Eso demandaría sin duda que los nuevos miembros de la Comisión de Justicia tengan una cercanía con la función judicial, a fin de verificar qué normas deben ser reformadas para que el sistema funcione y lo haga con eficiencia”.
El 10 de agosto de 2014 entró en vigencia total el COIP. La reforma penal integral se realizó luego de casi 80 años de vigencia de la normativa penal ecuatoriana, se modificó en forma unificada y coherente el Código Penal, Código Procesal Penal y Código de Ejecución Penal en un solo texto.
Uno de los fenómenos que se corrigieron con este Código es la dispersión jurídica, puesto que existían 200 normativas no penales, que tipificaban infracciones y sanciones en distintas materias, desde el régimen militar, policial, adolescentes, mujeres violentadas, tránsito, medioambiente, drogas, incluso tenencia de armas, entre otras, lo cual alteró la seguridad jurídica y generó crisis en el ámbito judicial. Lo primero que hizo la Judicatura fue capacitar a los servidores judiciales.
