Como la Fiscalía de Ecuador no llegó a un acuerdo con Odebrecht hasta esa fecha, tras los seis meses dados por las autoridades brasileñas, se levantó el sigilo a la información, pero se mantuvo la exigencia.
Esto quiere decir que no se podrá procesar civil y/o penalmente a la constructora, a cualquiera de los 78 exdirectivos, que firmaron acuerdos de colaboración premiada con el Ministerio Público de Brasil.
Esto se extendió a otros dos grupos: los adherentes, que eran trabajadores de la compañía y que no están en la lista de las 78 y las firmas proveedoras, que sabían o participaron de los delitos cometidos.
Esto es parte del acuerdo de cooperación que Odebrecht firmó con el Ministerio Público de Brasil, el 1 de diciembre del 2016.
En este acuerdo de indulgencia, la compañía pactó la entrega de pruebas, a cambio de que se reduzcan las penas. El fiscal, Orlando Martello, del equipo de procuradores que investigan el caso Lava Jato en Curitiba (Brasil), señaló a la prensa peruana que el principio es que si la empresa presenta las pruebas no es justo que sea procesada en razón de las mismas evidencias que entregó.
Para el penalista Ramiro Román, este condicionamiento no es ilegítimo y se debe cumplir. Aunque advirtió que la obligación de la Fiscalía es investigar por todas las vías el esquema de corrupción que aplicó Odebrecht en el Ecuador.
Los fiscales que recibieron las pruebas, el 1 de junio, deben verificar si consta: cómo, dónde, cuándo, quién recibió el soborno, cuál es la cuenta desde dónde salió el dinero y a qué cuenta ingresó, las personas involucradas, cuáles fueron los contratos ficticios utilizados, etc. Tras esta revisión se podrá establecer si la información es relevante o no.
El fiscal Carlos Baca, quien está en Brasil, anticipó que los datos preliminares -sin aún ser corroborados- permiten señalar que se trata de verdaderas tramas de delitos de crimen organizado transnacional. Calificó a la investigación, además, de extensa y técnicamente de alta complejidad. Este 21 de junio se cumplirán seis meses desde que el Departamento de Justicia de EE.UU. revelara que, entre 2007 y 2016, la constructora brasileña pagó USD 33,5 millones a funcionarios para asegurarse contratos.
En este semestre se detuvo a dos funcionarios: Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, y Carlos Villamarín, exempleado de la Secretaría Nacional del Agua. A los dos se suman seis empresarios relacionados con Odebrecht, entre ellos el tío del vicepresidente Jorge Glas.
El experto en derecho penal Wilson Velasteguí no está de acuerdo con la inmunidad que se les otorga a los brasileños, pero al poner el tema sobre la balanza, reconoce que resulta más beneficioso aceptar la condición y obtener datos inmediatos desde Brasil.
Una de las vías para que las investigaciones avancen es a través de un acuerdo directo con la compañía. Hasta ahora, República Dominicana, Perú, Brasil, Estados Unidos y Suiza lograron concretar un trato.
En República Dominicana, la firma brasileña se comprometió a cancelar USD 184 millones (el doble de los sobornos entregados) como indemnización y entregar información.
El 17 de mayo, 13 días antes de que se levantara el sigilo judicial del caso, este país recibió todos los documentos. El 29 de mayo, las autoridades capturaron a 14 sospechosos, entre los que figuran un exministro de Obras Públicas, un exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y un exdirector del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados. Actualmente, México y Panamá están en negociaciones con la firma para un acuerdo.
Para el consultor especializado en el caso Odebrecht y profesor de la Universidad Paulista de Brasil, Gustavo Segre, es mejor tener un acuerdo con la constructora, pues pudieran devolver el monto de los sobornos y el lucro que recibieron por contratos. En el caso de Ecuador, es superior a los USD 116 millones, según el informe de EE.UU.
Tener información directa de quiénes fueron los sobornados también facilita la indagación. Segre, además, advierte que Brasil entregó información solo hasta el 1 de diciembre del 2016 con las delaciones de los 78 arrepentidos, por lo que tendrían que pedir una actualización. Otra de las formas para acelerar los procesos es que la Fiscalía convoque a los directivos involucrados para que se tomen sus declaraciones en Brasil. Esto ya ocurrió en Perú con Norberto Odebrecht.
En Ecuador no se ha logrado un acuerdo. El exfiscal Galo Chiriboga hizo intentos de llegar a un arreglo. Para esto hubo dos reuniones con directivos de la empresa y sus abogados. La primera vez fue en Lima (Perú), el 3 de marzo pasado. La segunda se dio en Washington, EE.UU., 20 días después. Pero en ninguna de esas citas hubo entendimiento.
En EE.UU. se habló de lograr un convenio de ‘cooperación eficaz’. Este mecanismo de investigación permite a la Fiscalía conocer cómo opera una estructura criminal, a cambio de una rebaja de pena para el sospechoso que entrega esa información (art. 491 del Código Penal). Pero según la Fiscalía, Odebrecht pretendía llegar a ese convenio judicial sin entregar información.
Además, pedía que no se le impusiera ningún tipo de indemnización por sus actividades ilícitas. Chiriboga dijo que un pacto solo se daría si la constructora entrega información y si se “somete a las condiciones de Ecuador”. Este martes, Glas dijo en Radio Quito: “Que se preparen para largarse del país”, pese a que los exdirectivos ya no están y sus oficinas de Quito y Guayaquil ya fueron allanadas.
En contexto
El 1 de diciembre del 2016, Odebrecht firmó un acuerdo de clemencia para entregar información a cambio de la reducción de penas. En este acuerdo existe una cláusula por la que exdirectivos y colaboradores no podrán ser judicializados fuera de Brasil.
Los hechos
21/12/2016
EE.UU. informó que Odebrecht pagó coimas en 12 países de América Latina y África, por USD 788 millones. Funcionarios de Ecuador habrían recibido 33,5 millones.
1/06/2017
La Justicia de Brasil levantó el sigilo judicial que pesaba sobre el caso Odebrecht. Esa confidencialidad fue parte de un acuerdo firmado seis meses antes con la firma.
2/06/2017
La Fiscalía de Ecuador ejecutó 12 allanamientos en Quito, Guayaquil y Latacunga por el caso Odebrecht. Hubo seis arrestados, entre ellos un exfuncionario de Senagua.
