Desde el 21 de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la compañía brasileña Odebrecht habría pagado a funcionarios de 12 países sobornos por $ 780 millones para lograr contratos, de ellos $ 33,5 millones en Ecuador, la Fiscalía liderada entonces por Galo Chiriboga inició una serie de investigaciones y gestiones que van dando resultados. Los frutos están a la vista.
12 allanamientos simultáneos efectuados el 2 de junio pasado en Quito, Guayaquil y Latacunga, permitieron incautar evidencias y detener a 6 personas, mientras que la noche del viernes último se allanaron 2 casas en Quito y se detuvo a 2 personas. Entre los aprehendidos el fin de semana pasado constan el exgerente de Transporte de Petroecuador, Ramiro Fernando C. C., y el abogado Diego Francisco C. G.
La Fiscalía estableció que el primero recibió un soborno por más de $ 202 mil por el contrato para la obra del poliducto Pascuales-Cuenca, con Odebrecht. En cambio el abogado habría gestionado la apertura de 2 empresas offshore en Panamá para José T., hijo del exalcalde de Latacunga que fue detenido a inicios de junio junto a otros implicados en el caso Odebrecht. Según la fiscal del caso, Diana Salazar, Diego C. habría tramitado dinero de la empresa a través del SAI Bank en Curazao y hecho transacciones por más de USD 2 millones.
Ambos detenidos habrían lavado dinero de Odebrecht por el contrato del mencionado poliducto en 2013, por esos motivos el Juez de Flagrancia ordenó -el sábado pasado- el inicio de la instrucción fiscal por 90 días y les dictó prisión preventiva. Esto es resultado de varios meses de indagaciones e impulsos fiscales que se iniciaron en diciembre.
De diciembre a mayo pasado, Chiriboga gestionó 6 reuniones con Odebrecht para llegar a un acuerdo de cooperación eficaz, el cual se concretó en junio con el nuevo Fiscal, Carlos Baca, quien pudo finalmente firmar un acuerdo para acceder a la información de los delatores de la compañía en cuanto a Ecuador.
Las delaciones forman parte del denominado caso ‘Lava Jato’ que se sigue en Brasil y que ha motivado la pena de 22 años de cárcel para Marcelo Odebrecht, dueño de la compañía, por el pago de sobornos. Chiriboga también pidió 6 asistencias penales internacionales y 2 actos urgentes para frenar nuevos contratos de Odebrecht en Ecuador y para retener el pago de $ 40 millones a la constructora y así asegurar el retorno del dinero ecuatoriano de las coimas.
